Este martes hemos asistido a la Comisión de Hacienda, convocada por vía de urgencia, para valorar las alegaciones presentadas por ciudadanía y sociedad civil al proyecto de Presupuestos.
Había un total de 8 alegaciones de diferente signo y origen. Una presentada por una edil socialista criticando el fraude en el proceso de aprobación de presupuestos; otra, de una vecina de calle Torreta reclamando que el presupuesto contemplase una partida para arreglar los desperfectos de de la calle y que nuestro grupo ya denunció hace un par de meses; Dinoco exigiendo, legitima y acertadamente, una cantidad adecuada a las necesidades del servicio de atención temprana; Promociones Sol y Sal sobre supuestas obligaciones económicas del Ayuntamiento en relación a a cargas urbanísticas; también el interventor titular alegaba denunciando una supuesta situación de discriminación salarial respecto a otros funcionarios; también Podemos Orihuela y el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción han alegado al presupuesto, la agrupación morada local adhiriéndose a las enmiendas de Cambiemos Orihuela y señalando, además, otras posibles deficiencias en las subvenciones, por su parte, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción ha señalado la evidente falta de garantías legales y democráticas así como la extemporaneidad en el proceso de aprobación del presupuesto. Por último, una alegación de DOALCO relativa al pago de sentencias pendientes por parte del Ayuntamiento ha sido retirada porque, según ellos mismo reconocen, el gobierno local se ha comprometido a satisfacer las aspiraciones de la empresa constructora.
En primer lugar, preguntado el señor Almagro sobre por qué DOALCO habría podido retirar su alegación (es decir, qué tipo de respuesta formal o informal le había dado el gobierno) éste ha reconocido que, algo menos de 400.000 € de la partida para el pago de sentencias, se destinarán a pagar una sentencia favorable a esta constructora. Esto contrasta con el hecho de que hace un mes el señor Almagro era incapaz de decir en comisión cuántas sentencias tenía por pagar el Ayuntamiento y en qué orden o con qué criterio de prioridad se comenzarían a pagar. Parece, en todo, caso, que el actual gobierno es más sensible a lo que pidan las grandes constructoras que la ciudadanía.
El Gobierno aprueba los presupuestos habiendo rechazado todas las alegaciones, las que le planteaban tanto ciudadanía como grupos políticos. La coalición PP-C’s ni se justifica ni da explicaciones de por qué se rechazan las alegaciones, escondiéndose de nuevo, como siempre, detrás de informes técnicos.
Además, se ha obligado a votar a los grupos en bloque cuando hubiera tenido más sentido votar alegación por alegación, dado que Cambiemos Orihuela apoyábamos inequívocamente algunas enmiendas, como las relativas a la calle Torreta, la atención temprana, o el observatorio contra la corrupción, mientras que teníamos dudas o rechazo hacia otras.
En cualquier caso, el nuevo giro surrealista se ha dado cuando el concejal de Hacienda ha impuesto, unilateralmente, sin dar opción a debatir, un plazo de sólo 24 horas (hasta las 12:00 de mañana) para que los grupos pudiéramos emitir votos particulares, lo mínimo legal, cuando el plazo normal hubiera sido al menos de dos días hábiles.
La cuestión es que, sólo tras ser preguntado insistentemente, el concejal de Hacienda ha reconocido su voluntad de convocar el Pleno de ratificación de Presupuestos para mañana mismo tras recibir los votos particulares.
Nos parece absolutamente insultante e irrespetuosa la actitud de la coalición PP-C’s en la aprobación de Presupuestos. Han torturado todos los plazos, bordeando, si no incurriendo, la ilegalidad, vulnerando cualquier principio básico de cortesía institucional, e incluso educación personal, dado que hay muchos ediles que trabajan o tienen otras responsabilidades fuera del Ayuntamiento y que están viendo coartada su libertad de participación política en la aprobación de cuestiones de primerísimo orden.
Los presupuestos, insistimos, no abordan los problemas centrales de Orihuela, han sido aprobados hurtando y negando cualquier proceso participativo, y torturando todos los plazos y cauces institucionales ordinarios.
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