Los servicios técnicos de LA UNIÓ de Llauradors asesoran a los agricultores y ganaderos y tramitan las alegaciones oportunas para que la regularización catastral que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda se ajuste a la realidad.
Desde principios del pasado año ha presentado recursos en muchas localidades de la Comunitat Valenciana, algunas de ellas de la comarca de la Vega Baja. Uno de los casos más recientes se da en el término municipal de Redován donde LA UNIÓ ha conseguido rebajar un 25% los valores catastrales de una balsa para riego y ha logrado así mismo dar de baja catastral como construcción una caseta prefabricada utilizada como contenedor.
El Ministerio de Hacienda dice que el procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. El procedimiento se desarrolla desde 2013 y se alargará hasta este año. La determinación de los municipios afectados y el período de regularización para los mismos se establece mediante resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el Boletín Oficial del Estado.
La iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, sobre las que los afectados asesorados por LA UNIÓ ya las están presentando en muchas localidades.
Entre los inmuebles regularizados se encuentran balsas de riego, almacenes agrícolas, casetas de riego, naves ganaderas, etcétera. En las propuestas de resolución se están encontrando numerosos errores; usos diferentes al agrícola o ganadero, superficies superiores a las reales, fechas de construcción erróneas, etc., que hacen que el valor de los inmuebles sea superior al que debería ser. En definitiva, los recursos que presenta LA UNIÓ buscan ajustar el valor de los inmuebles a la realidad del sector agrícola y ganadero, evitando de esta manera abusos en el posterior cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Los agricultores y ganaderos quieren pagar los impuestos correspondientes, como cualquier otro ciudadano, ya que esto supone, aparte del deber de pagar, obtener unos derechos a cambio. No obstante, el pago de tributos debe ser el justo, ya que se trata de un sector, que aunque estratégico y necesario para la alimentación humana, se encuentra sumido en una crisis de precios bajos y elevados costes desde hace años, con rentas muy mermadas.
LA UNIÓ pone a disposición de los agricultores y ganaderos la posibilidad de tramitar el recurso, justificado con argumentos técnicos, para reducir el valor de las construcciones y rebajar, de esta manera, el valor del IBI correspondiente. Es muy importante señalar, que se dispone de un mes, tan solo, para la realización del preceptivo recurso, ya que pasado este plazo no se puede realizar reclamación alguna al respecto del valor del inmueble.
Los comentarios están cerrados.