El Consorcio de Residuos de la Vega Baja está negociando con la planta de Fontcalent para que suspenda el cobro de facturas que no se reflejan en el convenio que tiene firmado con la entidad.
El presidente de la entidad, Manuel Pineda, explica que se ha girado a los ayuntamientos de la Vega Baja algunos recibos en concepto de gasto energético o regularización energética y “eso no está detallado en ningún sitio”. Las facturas estaban llegando a los ayuntamientos y ha sido mediante la intervención fiscalizadora del Consorcio cuando “se han dado cuenta de que se trata de un error administrativo por parte de la administración alicantina”, como afirma Pineda, quien añade que “enseguida nos hemos puesto en contacto por carta con los ayuntamientos para que no hagan efectivo dicho pago hasta que ofrezcan una explicación razonada del porqué pasan ahora un gasto energético que no contempla el convenio”.
Desde la entidad consorciada se ha enviado un escrito remitido por la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental para que los ayuntamientos afectados “no hagan efectivos los pagos por los residuos llevados a la planta dependiente del Ayuntamiento de Alicante ya que no están incluidos en el Convenio A6-A4”. Además desde el Consorcio se insta a que “se devuelvan dichas facturas a la propia entidad de origen”. Pineda asegura que “ya son varios los ayuntamientos que han llamado para ver cuál es el motivo de estas facturas y cómo hay que proceder en caso de recibirlas; además estamos trabajando para que se devuelva el dinero a quien lo haya pagado y para que se eliminen dichas facturas”.
El presidente de Consorcio de Plan Zonal también reseña que a cada ayuntamiento le viene un importe diferente y que los importes pueden ir desde los 75 euros hasta los 4.000 euros que Fontcalent ha facturado a algún ayuntamiento de la Vega Baja, como es el caso de Redován. “Desde el Consorcio vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esos recibos sean devueltos hasta aclarar el error”, afirma Pineda y añade que los consistorios de la comarca tienen que estar tranquilos porque “vamos a defender nuestros intereses y el de todos los vecinos de la comarca, puesto que ninguno de nosotros va a pagar ni un euro más de lo que sea legal y necesario”.
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