La Policía Nacional ha desarticulado en Torrevieja una organización criminal dedicada a favorer la inmigración ilegal y que estaba constituida por responsables de varias inmobiliarias de esa localidad y comisionistas a su servicio, que facilitaban contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros para que consiguieran empadronarse en Torrevieja con el único fin de reagrupar a sus familiares.
La investigación ha culminado con la detención de 130 personas, entre ellas 3 funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja, 16 propietarios de agencias inmobiliarias, 14 comisionistas, 1 gestor y 96 ciudadanos extranjeros, acusados todos ellos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
La operación policial se inició hace dos años cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de personas afincadas en Torrevieja que podrían dedicarse a realizar falsos contratos de alquiler a ciudadanos, en su mayoría de origen marroquí, residentes en la provincia de Murcia. Los agentes averiguaron que dichos contratos eran utilizados para empadronar a los ciudadanos extranjeros y justificar la disposición de una vivienda para reagrupar a sus familiares. Simulaban residir en viviendas que, en realidad, estaban a la venta en diferentes agencias inmobiliarias u ocupadas por otros moradores sin parentesco alguno.
Como explica un comunicado de la Policía Nacional, los trámites del proceso de reagrupación familiar eran dirigidos a la Oficina de Extranjería de Alicante, donde los solicitantes aportaban contratos falsificados de alquileres de viviendas del municipio de Torrevieja para conseguir de manera fraudulenta el empadronamiento. En la administración aportaban como documentos de ocupación falsos contratos de arrendamiento en los que se usurpaba el estado civil de los propietarios, o bien, documentos auténticos suscritos por los propios dueños con otros arrendatarios pero que habían sido alterados, en ambos casos, sin conocimiento de los titulares de la propiedad.
Los agentes corroboraron la evidente participación en los hechos de la Oficina del Censo del Ayuntamiento de Torrevieja, al haber expedido de forma negligente volantes y certificados de padrón colectivos sin incluir la totalidad de las inscripciones existentes en las viviendas, información que fue validada posteriormente por la Oficina de Urbanismo permitiendo así resoluciones favorables de expedientes de reagrupación familiar por parte de la Oficina de Extranjería de Alicante. De esta forma se posibilitaba también la llegada y establecimiento en España de una inmigración ilegal, por cauces aparentemente legales, estimándose en 500 el número de personas fraudulentamente reagrupadas.
La adquisición de los contratos falsificados estaba sometida al pago de 300 euros al mes, dinero que debía abonar el solicitante al facilitador o vendedor, que en la mayoría de los casos, se trataba de responsables o empleados de inmobiliarias de Torrevieja, o comisionistas que intermediaban para que el trámite se llevara a cabo.
La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra las redes de inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante.
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