El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Sáez, ha dado cuenta este martes de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local y entre los que se encuentra dos expedientes sancionadores en el área de Urbanismo. Uno en una vivienda de Montepinar por una obra que se ha hecho sin la preceptiva licencia municipal, por lo que se va a requerir que se subsanen las deficiencias. Y el otro expediente a la Conselleria de Justicia de la Generalitat por el tapiado del escudo de los antiguos juzgados.
En el área de Patrimonio se ha aprobado el cambio de titularidad del solar donde se ubica el mercado de los martes, por el fallecimiento de uno de los propietarios. También se ha dado cuenta de una sentencia a favor de una mercantil por demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta en 2014, de la que no se hace cargo el seguro porque excluye daños primarios o perjuicios no consecutivos de un previo daño material o corporal cubierto por la póliza. Por ello, el ayuntamiento tendrá que pagar 7080 € + 951.82 € de intereses + 1.844,62 € de costas.
Por último, se han aprobado las normas para el Mercado Medieval, en cuanto a disposición de suelo, asociaciones, etcétera; a partir de ahí las entidades interesadas en formar parte del Mercado deberán dirigirse al área competente para saber cuáles son los sitios reservados para estas asociaciones. Las normas serán prácticamente las mismas que en ediciones anteriores.
Expediente del Centro de Protección Animal
El también edil de Contratación, Francisco Sáez, ha explicado el estado de situación del expediente de adjudicación de la gestión del Centro de Protección Animal, y ha dejado claro que “nunca, en medio de un proceso de licitación, se me ocurría a mí pedir que el contrato fuera para alguien concreto, para mí eso es una barbaridad”. Cree el titular de Contratación que tomar “una decisión semejante sería, además de arbitraria, ilegal”
Sáez ha afirmado que al concurso se presentaron una empresa y una asociación, y que, “a partir de ahí es la Mesa de Contratación, formada únicamente por funcionarios del Ayuntamiento, la que da todos los pasos”. Según el edil, como primera opción quedó Asoka y estaba pendiente el requerimiento de la documentación para proceder a la adjudicación por medio de la Junta de Gobierno. “Ellos presentaron la documentación y la propia Mesa acordó que esa documentación era insuficiente y no cumplía con la solvencia económica recogida en el pliego de condiciones”, según ha afirmado Sáez. El edil ha asegurado que se hizo una resolución y se les comunicó que no cumplían con la solvencia económica, por lo que los responsables de Asoka presentaron un escrito en el Ayuntamiento mostrándose disconforme con esa resolución. Es por esto, según Sáez, que ayer “firmé para paralizar la resolución del día 4 hasta que la Mesa de Contratación resuelva el recurso que presentó Asoka”. Ahora serán los técnicos municipales quienes diriman si admiten el recurso de la asociación o no y seguir entonces con el procedimiento de contratación para gestionar el Centro de Protección Animal de Orihuela.
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