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La gestión de las basuras llevará al banquillo de los acusados a la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente.

La jueza del caso Brugal ha dictado un auto de procedimiento abreviado por el que se enjuiciará a catorce personas investigadas por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Entre ellos, estará el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el empresario oriolano, Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel, además de otros conocidos empresarios y cargos públicos.

Según el auto anunciado por el TSJ de la Comunidad Valenciana, existen indicios de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la administración, actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias y revelación y recepción de información privilegiada.

En el documento que firma la jueza, queda reflejado que la instrucción practicada “ha quedado acreditada la existencia de una trama organizada a obtener favores de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada mediante dádivas a funcionarios y autoridades”, en referencia a quienes tuvieron competencias en la tramitación del Plan Zonal de Residuos para esta comarca y gestionaban su concesión y explotación.

Según recoge el auto, la Diputación Provincial presidida por Ripoll, adjudicó a la UTE Ortiz-Cespa la gestión del Plan Zonal, pero existía un compromiso político de que la planta se levantara en terrenos adquiridos por Ángel Fenoll en la finca Las Pistolas, y que el empresario adquirió por 424.000 euros, antes de que se hiciera público, con la promesa de vender esa finca posteriormente a la adjudicataria por importe de 9,5 millones.

Sobre la exalcaldesa, la titular del juzgado refleja que actuó como intermediaria de Fenoll ante el presidente de la institución provincial, y apunta la jueza que Lorente conocía los planes para cambiar de ubicación de dicha plante de basuras.

Este auto pone fin a una instrucción de más de ocho años y deja el caso preparado para el juicio, mientras que se archiva la causa respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de su participación en los delitos investigados. .

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