Este martes 10 de enero, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la apertura de un expediente sancionador contra la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas como consecuencia de la retirada del escudo franquista que presidía el edificio de los antiguos juzgados.
Según el Gobierno Local la actuación incumpliría los artículos 245 y 246 de la LOTUP y, asimismo, remitiéndose a la lEY 4/1998 de Patrimonio Valenciano, alega que la obra está en el entorno del B.I.C conformado por la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Así, ello provocaría que Conselleria requiriese una autorización de la que, según el Ayuntamiento, carecería. Además, según el expediente de la Junta de Gobierno, la obra carecía de la licencia municipal preceptiva. (la sanción podría suponer entre el 2 y el 6% del valor total de la obra).
El asunto ha sido valorado esta mañana por los portavoces de los principales grupos en la oposición.
Para la edil del PSOE Carolina Gracia, la incoación de ese expediente sancionador por infracción urbanística a la Consellería de Justicia, “hay mala fe en esta decisión”, ya que, a su juicio, “si el Ayuntamiento había recibido la autorización de la Dirección General de Patrimonio y Cultura, y creyó que faltaba algún documento debería haberlo solicitado y no esperar para comenzar ya este 2017 con guerras políticas a las diferentes Consellerías”. También ha reprochado la concejal al equipo de gobierno que el área de Urbanismo “no ha tenido tanta prisa a la hora de tramitar los más de 600 expedientes del mismo tipo abiertos, y que hasta ahora nada se sabe de ellos”.
Por su parte, desde Cambiemos Orihuela han denunciado que no es un problema burocrático, “sino una nueva ofensiva política e ideológica del gobierno de Orihuela contra el Gobierno Autonómico”. Tal como indican, “resulta de todo punto surrealista que el Ayuntamiento abra sanción en este caso, dado que el propio edil de Patrimonio, el señor Almagro dio cuenta a los medios de la ejecución de esta obra e incluso la presenció desde la misma puerta del Ayuntamiento”. Afirman que, ante esto hay dos evidencias: “una, que estamos ante una muestra más del poso dictatorial del actual gobierno; y es que, a nuestro modo de ver, lejos de optar por el diálogo con Conselleria para solventar cualquier problema administrativo, el gobierno ha optado por una estrategia de “franquismo burocrático” al utilizar una intervención que democratiza el espacio público como excusa para atacar al Gobierno autonómico”.
Por último, han mostrado su preocupación por lo que califican de “extrema negligencia de la edil de Urbanismo y el concejal de Patrimonio Histórico”, y s epreguntan, “¿Cómo es posible que el gobierno informe a los medios y la opinión pública de unas obras que, después, resultaban no tener las licencias preceptivas?”
Para los ediles de Cambiemos, “si esto sucede en obras que se hacen, literalmente frente al Ayuntamiento, no queremos ni imaginar la gravedad de incumplimientos y obras ilegales que pueden estar llevándose a cabo a lo largo y ancho del término municipal”.
Sobre este asunto también se ha pronunciado el portavoz de Compromis por Orihuela, Cayetano Portugués, para mostrar su preocupación ante el proceso de adjudicación del contrato de gestión del Centro de Protección Animal. Desde la formación se considera que sería un”peligroso precedente” el hecho de que la gestión pudiera recaer en manos de una empresa privada. Portugués ha respaldado a la Asociación Asoka El Grande, asegurando que “han demostrado sobradamente su valía con la labor que han realizado durante los últimos años en la protección de los animales”.
También han exigido al equipo de gobierno que se dé la máxima transparencia al proceso de adjudicación y se otorgue mayor importancia a criterios objetivos y no a diversos trámites administrativos que podrían beneficiar a empresas privadas en este tipo de licitaciones.
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