El concejal de Cambiemos Orihuela, Javier Gracia, ha centrado este miércoles su intervención en el aparcamiento ‘Entrepuentes’, de propiedad municipal pero explotado actualmente por la mercantil DOALCO.
En primera instancia, el coportavoz y concejal, ha señalado las reiteradas peticiones de documentación al Ayuntamiento, sin éxito, como por ejemplo del expediente por el cual se adjudicaba la concesión administrativa de explotación a la mercantil. “La primera petición se la hicimos a la Concejalía de Patrimonio, que nos notificó que debíamos pedirlo a la Concejalía de Contratación. En esta última, hicimos la petición a principios de noviembre de 2017, y tras reiteradas visitas a dicha concejalía, se nos ha manifestado en cada una de ellas que no encontraban el expediente”.
El Grupo Municipal incluso ha informado de que el bien objeto de la investigación no se encuentra en la oficina virtual del catastro. Ante este hecho, Gracia ha relatado la reclamación que su grupo hizo a la Concejalía de Patrimonio para que ésta les facilitara la referencia catastral del parking. La Concejalía por su parte habría comunicado a Cambiemos Orihuela una referencia catastral perteneciente a la plaza que se encuentra justo encima del parking, pero no a éste, extremo que parece confirmado. Por todo ello, la formación sospecha que desde la construcción del aparcamiento en 1998, la concesionaria -que ostenta la obligación fiscal sobre el bien- no habría satisfecho el correspondiente y abultado recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
“Ya sabemos que sin referencia catastral no hay recibo de IBI y por tanto no hay ingreso en las arcas municipales. El aparcamiento, que cuenta con más de 6700 m² de superficie construida podría suponer un montante anual de 18.000 euros, con el agravante de que, probablemente sólo se le pueda exigir a la mercantil el importe correspondiente a los cuatro últimos años, no pudiendo recuperarse los otros dieciséis por haber prescrito dicha deuda, que rondaría los 250.000 euros”, como ha lamentado Javier Gracia, quien espera que la situación se resuelva lo antes posible, “y la mercantil que lo explota ingrese el IBI que corresponde por dicha instalación, para beneficio de las arcas del municipio”.
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