La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha visitado este miércoles el Ayuntamiento de Orihuela para reunirse con el alcalde, Emilio Bascuñana, y abordar la posible reversión de los antiguos juzgados, como solicitó semanas atrás el primer edil para solventar la deuda que mantiene el Consell con el Ayuntamiento desde 2005 por haber sufragado éste la construcción del nuevo Palacio de Justicia, cuando es competencia del Gobierno Valenciano.
En su primera visita oficial al Ayuntamiento oriolano y tras firmar en el Libro de Honores y Distinciones de Orihuela, la consellera ha mantenido una reunión de trabajo con Bascuñana para tratar cuestiones pendientes entre ambas instituciones, concretamente la titularidad de los antiguos juzgados, mientras que los portavoces municipales asistieron posteriormente a un encuentro con la responsable autonómica y la directora general de Justicia, María Àngels García.
Tras las dos reuniones, el alcalde y la consellera han mostrado su disposición para solucionar antes del verano el problema de los antiguos juzgados, “de manera que pondremos en marcha el próximo jueves una mesa técnica con expertos, para estudiar la reversión del mismo”, tal como ha asegurado el alcalde, quien se ha mostrado optimista con la posibilidad de que las dos instituciones alcancen un acuerdo al respecto cuanto antes.
Bascuñana ha insistido en que la reversión de la titularidad del viejo inmueble frente a Santas Justa y Rufina, “es la forma más rápida y efectiva” de solucionar este asunto, mientras que asegura contar con el respaldo de juristas consultados por el Ayuntamiento. Sin embargo, un informe de la Dirección General de Patrimonio señalaba que la propuesta oriolana era inviable por llegar fuera del plazo legal para llevarla a cabo.
Según ha manifestado por su parte la consellera, este asunto ya no es un problema político, sino jurídico, porque tal como ha indicado “diez años utilizando una sede judicial sin ningún tipo de contraprestación no es una situación normal”. Bravo ha recordado su intención “para resolver esta cuestión enquistada, de manera coordinada con el Ayuntamiento y buscar un acuerdo que beneficie a Orihuela”.
Será el próximo jueves, 19 de mayo, cuando tendrá lugar en el Consistorio oriolano la primera mesa técnica formada por abogados del Consistorio y de la Generalitat, así como por juristas independientes de los colegios de abogados de Valencia y Alicante expertos en la materia, y personal técnico del Ayuntamiento y de la Conselleria de Justicia.
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