El ayuntamiento de Rojales aprobará este lunes las actualizaciones de las ordenanzas fiscales del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de la tasa de residuos sólidos urbanos (RSU) en el pleno extraordinario del próximo lunes 6 de noviembre. Se ha elegido esta fecha para que dichas ordenanzas puedan ser aplicadas el próximo año tal y como se está llevando a cabo en otros municipios como Redován, Guardamar del Segura, Dolores, Benidorn o Pilar de la Horadada gobernados tanto por PSOE como PP. “Consideramos necesario poner en marcha esta regularización para que asegure la solvencia de nuestra administración local ante el nuevo escenario económico al que debemos dar respuesta” explica el concejal de Hacienda Fernando Suria. Es decir, apostilla el edil, “en el caso del IBI se trata de actualizar el tipo a la media de los municipios de la provincia con valores catastrales de 1990, como es nuestro caso, ya que estamos por debajo y esto supone una infrafinanciación en comparación con otros municipios”. Y explica que “supone un ligero aumento del 7,7%, una vivienda que pague 100 euros al año pasará a pagar 107,7 y es necesario para compensar los gastos fijos del personal municipal que han subido un 10% desde 2019”.
La necesidad de actualizar el IBI viene motivada, según un informe realizado por técnicos municipales, especialmente por el aumento paulatino del gasto fijo estructural del capitulo 1 que corresponde al Personal. Por una parte ante los procesos de estabilización y consolidación de trabajadores con un incremento de los complementos específicos y por otra ante la adecuación de los complementos de destino a aquellos nuevos puestos creados para dar una adecuada respuesta a las necesidades de los servicios prestados por el personal municipal. Recalcar en este sentido que la actualización de los sueldos con el IPC que ha supuesto un incremento del 10% desde 2019 hasta 2023, todo ello en un contexto de subida del coste de los contratos de obras, servicios y suministros por las actualizaciones de precios ligadas a la coyuntura económica inflacionista.
Por otro lado la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), de carácter medioambiental, debe ser actualizada para cumplir con la Ley 7/2022 que señala la obligatoriedad de cubrir todos los gastos del servicio que establece el estudio de costes realizado por técnicos municipales. Suria señala que, “estamos obligados por ley a la actualización de esta tasa antes de 2025, de hecho muchos municipios ya lo han hecho”, “ Somos conscientes de que esta subida es importante ya que incluye el impuesto que depende del tonelaje de residuos y contaminación de restos que se ha prorrateado teniendo en cuenta los datos del último trimestre, por lo que sería conveniente revisar cada anualidad para comprobar la fluctuación y aplicar en su caso un coeficiente de corrección”.
Cabe reseñar que la medida se relaciona con las directivas europeas de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La regularización supone un aumento para una vivienda tipo de un coste actual de 50,93 euros a 82,34 euros al año.
La tasa contempla bonificaciones para familias numerosas, monoparentales, jubilados y pensionistas, que pueden beneficiarse de una rebaja del 20 al 25%.
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