La concejala socialista oriolana, Carmen Gutiérrez, ha presentado la moción que su grupo defenderá en el próximo pleno de este jueves para pedir que se realice un censo de todas las propiedades de la Iglesia en nuestro municipio y que todas aquellas que no estén afectas al culto sean incluídas en el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Esta inciativa busca que “los esfuerzos que todos estamos haciendo también sean compartidos por las confesiones religiosas, especialmente por la Iglesia Católica propietaria de la inmensa mayoría de estos inmuebles”, como ha explicado.
Actualmente, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992). Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.
Sin embargo, los socialistas consideran que “esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada”, ya que en las décadas precedentes se ha realizado una aplicación extensiva de la misma, de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje, lonjas,…; e incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los ayuntamientos.
Como ha señalado Gutiérrez, “nosotros apostamos por una legislación que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones igual que el del resto de instituciones”.
Los socialistas, ha dicho la concejala, “defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que los poderes públicos puedan ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos. La regla básica de un sistema fiscal justo es que todos ciudadanos e instituciones deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Los ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y que mejor conoce la realidad de sus vecinos son los que están en mejores condiciones de hacer este trabajo indispensable para el mantenimiento de la cohesión social”.
Por otro lado, ha continuado Carmen Gutiérrez, a la vista de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de junio de 2017, ha quedado claro que la exención del ICIO (impuesto de construcciónes, instalaciones y obras) respecto de los inmuebles pertenecientes a la iglesia, con independencia de la naturaleza de las actividades a los que dichos inmuebles estuviesen destinados, es contraria a la normativa comunitaria y, por lo tanto procede que sean revisados en los últimos cuatro años no prescritos cualquier hecho imponible que pudiera dar lugar al pago de este impuesto por parte de la iglesia.
“Especialmente en un municipio como el nuestro donde la carga fiscal a los ciudadanos por el IBI se ha aumentado muchísimo en los últimos años, sin que paralelamente se hayan puesto en marcha ayudas para las familias con menores rentas, con dependientes o víctimas de violencia de género, no es comprensible que se mantengan estos privilegios sin fundamentación jurídica”, concluye Gutiérrez.
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