La concejal de Playas del Ayuntamiento de Orihuela, Luisa Boné, ha anunciado este jueves la concesión, tras la reunión en Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente, de la adjudicación del contrato de autorización de ocupación del dominio público marítimo y terrestre para la explotación de los servicios de temporada de playas del Ayuntamiento de Orihuela, que incluye la explotación de chiringuitos, hamacas y artefactos náuticos.
Con un canon de licitación establecido en un importe anual mínimo de 501.747 euros, ha sido adjudicado finalmente a la mercantil Chiringuitos del Sol S. L., “al ser la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento”, como asegura la edil, por la cantidad final de 891.178 euros.
De esta manera, la vigencia del contrato se extenderá a cuatro años, finalizando el 31 de diciembre de 2021 y comenzando “mañana viernes tras citar a la mercantil para la firma del contrato, momento a partir del cual la empresa podrá prestar sus servicios”.
Así mismo, se va a autorizar al uso de forma provisional durante el 2018 de las instalaciones que son propiedad del Ayuntamiento y que fueron revertidas en el anterior contrato de explotación, “esperando que la mercantil pueda tener los servicios en marcha para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos lo antes posible”.
Boné ha querido destacar la manera “impecable” con la que se ha llevado a cabo este procedimiento de licitación y que ha sido realizado por los técnicos municipales, “quienes valoraron todas las seis ofertas presentadas y han determinado que ésta era la más ventajosa para el consistorio”, y en el que “se han dado todos los pasos que han sido necesarios para garantizar tanto la seguridad jurídica como el interés general”.
Ante las recientes informaciones respecto a las diligencias del fiscal en el proceso judicial sobre posibles irregularidades del contrato de este servicio, realizado por el anterior equipo de Gobierno, conformado por PSOE y Los Verdes, Boné ha declarado que éstas, “no afectan al actual contrato, aunque tendremos que esperar a que haya juicio oral y se dicte sentencia para conocer si finalmente el actual contrato se pudiera ver afectado”.
Así mismo, la edil ha manifestado que estas informaciones demuestran que la decisión de no prorrogar el contrato en noviembre de 2017 por parte de su Concejalía “parecía la más prudente y la más adecuada a la vista de la judicialización de la adjudicación del contrato anterior”.
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