Tras el último informe emitido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunidad valenciana, del cual el Grupo Cambiemos Orihuela ya informó a principios del mes de diciembre, y ante la “nula reacción” del Gobierno Municipal, desde la formación municipalista han presentado una proposición al pleno que tendrá lugar el próximo día 26 de diciembre, en la que exigen iniciar la revisión de oficio “para declarar nulos los contratos con la mercantil Hidraqua”.
El informe al que refieren para presentar dicha proposición no deja lugar a dudas sobre la ilegalidad de los contratos desde 2008. “De hecho, el texto señala claramente que las prórrogas realizadas sobre los contratos vinculados a la gestión del agua, son claramente ilegales dado que se encuentran extinguidos y se ha venido prescindiendo de los procedimientos legales aplicables a su contratación”, según explica el concejal Javier Gracia.
Por su parte la edil María García Sandoval recordaba que el pasado mayo de 2017, “nuestro Grupo presentó una moción para pedir el control y fiscalización de la validez de los contratos públicos entre el Ayuntamiento y la empresa privada Hidraqua. En esa propuesta señalábamos que la naturaleza de ambas prórrogas era, cuando menos, de dudoso encaje legal, porque extendían el contrato sin justificación, en el marco de un convenio para la ampliación de la red de suministro”. Dicha moción fue rechazada por PP y Cs”
Para la edil, “más allá de la opinión y análisis que hacemos desde Cambiemos Orihuela sobre el hecho de que una empresa multinacional se lucre gracias a la gestión del agua en nuestro municipio (el Grupo Multinacional Suez posee al Grupo AGBAR y, éste a su vez, a Hidraqua), es evidente que nuestras instituciones deben velar por el cumplimiento de la legalidad, especialmente cuando está en juego el interés general del municipio y su población o cuando puede darse un lucro privado ilícito”
Por último, en la propuesta incluyen, con carácter urgente, que se inicie el procedimiento para decidir sobre la forma de gestión más eficaz del servicio municipal de agua potable, “a fin de que prevalezca el interés público, ya sea a través de la gestión directa municipal, bien a través de la empresa pública municipal o a través de una nueva contratación con todas las garantías legales”, ha subrayado Sandoval, que además señala que el agua es un bien común “y como tal no debe ser objeto de lucro económico por parte de una gran multinacional como Suez, que está siendo privilegiada desde las instituciones, tal como venimos denunciando. Son más de 180 países en nuestro entorno que han revertido a titularidad pública la gestión del agua a raíz de descubrir corruptelas, entre ellas: París o Berlín y Valladolid como ejemplo más cercano.”
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