El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda, ha salido al paso de las acusaciones vertidas en días pasados por los alcaldes de Benejúzar, Antonio Bernabé, y de Redován, Emilio Fernández, y del anuncio de llevarle a Fiscalía por defender el proyecto privado para la instalación de una planta de transferencia de residuos provisional presentado por la mercantil Cespa-Ferrovial «saltándose la Ley de Contratos Públicos», según dijeron.
Ambos explicaron que Pineda, «manejaba datos concretos de la situación de la planta que ni siquiera tenían los técnicos de la Diputación», una cuestión que anunciaron trasladarían al Ministerio Público «por si estas actuaciones fueran constitutivas de delito».
El presidente del Consorcio ha defendido la transparencia que está llevando a cabo en la institución; asegura que «no hay nada que ocultar» y reclama a los alcaldes del PP que expliquen cómo un medio de comunicación lo conocía y publicó un día antes (el 22 de noviembre) de que él anunciase que había una iniciativa privada presentada de forma oficial en la Diputación Provincial. «Y tendrán que explicar por qué me acusan a mí de desvelar datos confidenciales, porque todo indica que los alcaldes de Redován y Benejúzar sí manejan bien esos datos».
Pineda ha explicado que él recibió el proyecto en su mesa y lo dio a conocer «porque no había ningún impedimento legal para hacerlo». En este mismo asunto dijo que no se ha vulnerado ningún concurso «ya que no existe ningún concurso”, al tiempo que no descartó defenderse legalmente de las acusaciones vertidas contra él por los dos alcaldes del Partido Popular.
Por otro lado, el también alcalde de Rafal ha confirmado haberse reunido con representantes de la citada empresa, pero asegura que como presidente del Consorcio “me he visto con representantes de empresas y con responsables políticos de otras administraciones tal y como está publicada en mi agenda pública”, además de señalar que “incluso me he reunido con representantes de compañías internacionales vinculadas al mundo de los residuos a instancias de altos responsables del PP de la provincia de Alicante”.
A partir de ahora, la oferta tendrá que ser valorada por los técnicos, hasta ser elevada al pleno del Consorcio donde tendrá que ser primero admitida a trámite para luego ser votada por los 27 municipios de la comarca que lo componen.
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