“Quieren cargarse uno de los sectores productivos más importantes con 140.000 hectáreas de frutales y hortalizas; además de 80.000 regantes afectados”
El Ayuntamiento de Orihuela ha encargado a los servicios jurídicos municipales que emprendan “todas las acciones que la ley permita en defensa del trasvase Tajo-Segura”, según ha anunciado el alcalde de Orihuela, acompañado del concejal de Agricultura, Víctor Valverde.
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Emilio Bascuñana ha expresado su rechazo frontal a las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica, de cambiar las reglas de explotación que pretende reducir el agua a trasvasar a 27 hectómetros cúbicos. Toda modificación que se quiera realizar de las condiciones de explotación del trasvase está regulada a través de un memorándum al que se dotó de rango de Ley. Esa normativa fija que, cuando la cabecera del trasvase Tajo-Segura se encuentra en situación de Nivel 2 se ha de realizar un trasvase de 38 hectómetros cúbicos de agua al mes desde la cuenca del Tajo a la del Segura. A la reducción prevista, hay que sumar la ampliación del caudal ecológico que el Gobierno central pretende también ejecutar en el Plan Hidrológico del Tajo que, en la práctica,” supondrá también una reducción del volumen de agua trasvasada al río Segura”.
“Estamos hablando de que vamos a perder 80 hectómetros cúbicos al año, pero esto no se queda ahí. Ya hace tres meses el Ayuntamiento presentó una alegación al Plan Hidrológico del Tajo por el aumento de caudales ecológicos al paso del citado río por las ciudades de Aranjuez, Talavera y Toledo, lo que supondría el desembalse de Entrepeñas y Buendia de otros 80 hectómetros cúbicos anuales. Por tanto, serían 160 hectómetros cúbicos al año que no vendrían al sureste español cuando la media en los últimos diez años ha sido de 210 hectómetros cúbicos , cantidad ya insuficiente para abastecer esta zona. Quieren ‘cargarse’ uno de los sectores productivos más importantes de esta zona con 140.000 hectáreas de frutas, verduras y cítricos; además de 80.000 regantes afectados con sus familias; 61 comunidades de regantes; 104.000 puestos de trabajo directos y casi 250.000 indirectos; el 70% de la exportación nacional de hortalizas y 24% de fruta que provienen del sureste español”, ha detallado el edil Valverde.
Por su parte, Bascuñana considera la medida “un ataque a toda la comarca de la Vega Baja, a todo el sur de la provincia de Alicante, a la vecina región de Murcia, a nuestro modo de vida y a nuestra supervivencia que depende de estos sectores productivos. Se trata de una agresión injustificada, unas medidas sin un fundamento que las sustente, y que al final, lo que supone es una absoluta injusticia con una gran parte de españoles, que debemos ser tratados con igualdad a la hora de gestionar un bien común de todos como es el agua”.
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