La concejal de Bienestar Social, Sabina Galindo, cumple sus primeros cien días como responsable de una de las áreas municipales de mayor responsabilidad, donde ha de trabajar con sensatez, pero sin dejar de ser sensible al problema que suponen situaciones muy difíciles para las personas atendidas en este departamento.
Pregunta. ¿Para estar al frente de la Concejalía de Bienestar Social hay que actuar con sensatez o con sensibilidad?
En el equilibrio está la respuesta. No se pueden dejar de lado las emociones. Acabo de llegar a la vida política, soy de la calle y es imposible no estar sensibilizado. Si algún día alguien me tacha de lo contrario, espero que me enseñe la puerta para marcharme.
¿Lo ha pasado mal cuando quiere hacer más de lo que puede?
No lo puedes imaginar. Eso se vive aquí casi a diario. El impulsar la nueva ordenanza es porque hemos sufrido por no poder dar una ayuda en el momento en el que lo solicita una familia, y tener que esperar plazos y exigir requisitos. Se sufre y se llora mucho, pero tenemos que seguir trabajando por los vecinos que acuden a nosotros.
¿Lamenta que no haya existido consenso político para aprobar una ordenanza tan importante como la que regula la concesión de estas ayudas sociales?
Yo dejo al margen la postura de cada grupo sobre este asunto, porque hay un fin político en apoyar o no esta ordenanza. Creo que sí hubiera sido deseable un consenso, sobre todo en este tipo de asuntos, porque afecta a las ayudas de emergencia y a subvenciones para las distintas ONG’s que llevan a cabo una función social importante.
¿Le puede decir a los oriolanos que necesitan y piden una ayuda municipal para poder subsistir lo que supone esta ordenanza?
Va a agilizar trámites y a garantizar el pago de esas ayudas de emergencia y subvenciones . Algo que desde que llegamos al gobierno municipal se nos ha venido reclamando, porque hay subvenciones que estaban paralizadas, incluso desde el año 2013. Con esta ordenanza, vamos a dar soluciones con la mayor rapidez posible y que la función de esos colectivos sociales se siga cumpliendo y no se paralice por estos trámites burocráticos.
Quienes también esperan una decisión municipal son los padres de los 140 menores atendidos en el Centro de Atención Temprana. ¿Está segura de que se le va a dar a este servicio una solución que lo garantice?
Nosotros siempre hemos partido del compromiso de garantizar que ese servicio va a seguir siendo gratuito y que va a prevalecer la calidad. Eso es lo que estos padres nos han reclamado y es nuestra preocupación. Dentro de la legalidad, se estan barajando varias opciones para conceder la prestación del servicio. Nos encontramos hasta la fecha con unas facturas con reparos y hay que agilizarlo iniciando un proceso de licitación para poder justificar ese levantamiento del reparo y pagar.
Pero los padres y gran parte de la oposición aseguran que si se privatiza se perderá calidad y costará más al Ayuntamiento.
Nosotros vamos a luchar por mantener o mejorar la calidad del servicio que reciben esos niños y niñas, además de mantener su gratuidad, y sin que nos cueste más.
Otro colectivo muy crítico con la gestión de Servicios Sociales es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde donde reclaman más ayudas para familias desahuciadas. ¿Se van a atender esas exigencias?
El equipo de gobierno, la Corporación y la mayor parte de los ciudadanos estamos muy sensibilizados con el problema de los desahucios, y desde que llegamos al gobierno nos estamos haciendo eco de las necesidades que nos plantean. Tenemos intención de volver a hablar con ellos. En los últimos días nos hemos reunido con varias entidades bancarias para abordar la existencia de una bolsa de viviendas vacías y la posibilidad de que los próximos presupuestos incluyan una partida para alquileres sociales. Con los criterios que baraja Servicios Sociales se determinarán las personas que podrían acceder a esos alquileres. Nuestro compromiso con cualquier vecino que se encuentre en esta situación es absoluto.
¿Se va a declarar Orihuela ‘municipio libre de desahucios’ como ya han hecho otros?
No me atrevería a decirlo porque se trata de una decisión judicial. En Orihuela, el 60-65% de los desahucios están reclamados por particulares y un 35-40% pueden ser los solicitados por entidades bancarias.
Nosotros pondremos todos los medios para buscar vías para ayudar a las personas que sufran esa situación y que su perjuicio sea el menor posible. La pasada semana hubo un desahucio en el que se vieron afectados una madre con sus dos hijos, y aprobamos para ellos una ayuda directa mediante un oficio del alcalde. No vamos a permitir que la gente duerma en la calle o en sus coches, y con menores, menos todavía.
¿Se puede decir que en Orihuela existen familias con una situación de necesidad?
Desde que hemos llegado al gobierno se han abierto unos 500 expedientes por solicitudes de ayuda y se han concedido unos 5.000 euros para paliar sus necesidades. Hemos ayudado a unas 200 familias que han acudido al Ayuntamiento. Servicios Sociales asume, en la partida de ‘Proveedores’, la alimentación de numerosos menores a través de los comedores sociales.
¿Con qué partidas económicas cuenta la Concejalía de Bienestar Social para ayudas?
Nosotros recibimos una subvención de Diputación de Alicante que asciende a casi 58.000 euros, Consellería de Bienestar Social aporta unos 135.000 euros, y el Ayuntamiento, unos 45.000 euros, lo que hace un total de casi 238.000 euros destinados a paliar estas situaciones de necesidad.
¿Qué se está haciendo desde esta concejalía para un posible acogimiento de personas o familias refugiadas?
La Dirección General de Inclusión Social de la Generalitat ya nos ha convocado para avanzar el procedimiento. Al formar parte de la Oficina de Coordinación Municipal de Ayudas al Refugiado, nos han pedido que comuniquemos los recursos disponibles para acoger a estas personas, a nivel de alojamiento, voluntariado e interpretes, y sobre todo si existe la posibilidad de ofrecerles un empleo. Serán ellos quienes lo gestionen, pero viene coordinado con las ONG’s para que hagan el seguimiento.
¿Algún vecino de Orihuela ha comunicado su intención de acoger a refugiados?
Todavía no. Las preferencias que nos solicitan no son acogimientos particulares, sino el disponer de albergues, viviendas de titularidad municipal y privada, y en última instancia sería el acogimiento familiar, porque puede dar lugar a conflictos. Tener una familia en casa por un periodo máximo de dos años puede ser problemático. La finalidad es que dejen de tener esa condición de refugiados y sean ciudadanos de la Unión Europea.
¿Se sabe a cuántas familias podría acoger Orihuela?
Hemos hablado de dos o tres. No sabemos si vamos a poder acoger a un número mayor, porque hay que ver sus circunstancias.
¿Cree que Orihuela es un municipio solidario?
No tengo ninguna duda de que sí.
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