La Asociación de Empresarios de la Vega Baja (ASEMVEGA) pide a la Generalitat Valenciana que solicite el pase a la fase 2 para toda la comarca del Bajo Segura para el próximo lunes, después de cumplir dos semanas en la primera de las etapas de desescalada.
La organización que representa a los empresarios de este territorio considera “que no hay ningún motivo para que se mantenga más tiempo a la comarca en esa situación y que el paso a la siguiente supondría un avance para relanzar la actividad económica, sobre todo del sector servicios, puesto que en esta segunda fase ya se permite el uso del interior de los restaurantes. Estos retrasos ponen en grave riesgo la posibilidad de aprovechar la temporada alta estival”.
El colectivo empresarial cree que no hay datos que justifiquen el retraso y que la evolución del COVID-19 está respondiendo a la trayectoria descendente esperada. Desde ASEMVEGA consideran “que es muy importante ser prudentes y que si es preciso aplicar nuevas medidas en el ámbito sanitario se debe hacer de inmediato para no frenar la puesta en marcha de los sectores productivos, que llevan más de dos meses hibernados, lo que está causando situaciones críticas a muchas empresas”.
Una cuarentena perjudicial
Los empresarios integrados en ASEMVEGA consideran que la decisión del Gobierno de someter a una cuarentena obligatoria de 14 días a todos los viajeros que lleguen del extranjero, mientras se mantenga el estado de alarma por el Covid-19, “es una limitación para la llegada de turistas y un freno para el sector turístico y la inversión inmobiliaria. Es además, una iniciativa que va en contra de la línea de actuación que propone la Comisión Europea con el diseño de corredores turísticos para los vuelos aéreos transfronterizos. Con este tipo de medidas se está favoreciendo a otros competidores que sí están ofreciendo una mayor apertura”.
Desde ASEMVEGA se aboga por la implantación de sistemas de control y prevención seguros, que salvaguarden la seguridad y limiten la expansión de la pandemia; y también por la flexibilidad en los vuelos entre países que tienen incidencias similares de la pandemia, mediante acuerdos específicos entre los dos gobiernos.
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