El pleno del Consell ha aprobado este viernes la firma de un convenio entre la Consejería de Hacienda y Modelo Económico (que tiene las competencias en materia de Patrimonio), la Consejería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y el Ayuntamiento de Orihuela para la regularización patrimonial de diferentes inmuebles situados en esta localidad, especialmente el de los nuevos Juzgados -el Palacio de Justicia-, por lo que se mejorará la dotación de espacios y se fijarán las bases para la unificación de todos los órganos judiciales en una misma sede.
Este convenio es fruto del esfuerzo y la colaboración mostrada entre dos administraciones, la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela, para regularizar una situación enquistada y no resuelta desde 2005. Este inmueble es propiedad del ayuntamiento, pero la está usando la Generalitat sin que doce años después se haya regularizado esta situación.
Por otra parte, la Generalitat es propietaria de dos inmuebles en esta misma localidad: el edificio de los antiguos juzgados, situado en la calle San Justo y actualmente en desuso, y el inmueble conocido como “antiguo asfixiante secante del gusano de seda “, situado en la calle Palmeral, y cuyo uso fue cedido en 2011 a el ayuntamiento de Orihuela para ser destinado a actividades formativas para la promoción del empleo, en el marco del programa de Escuelas taller del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
Cláusulas de la regularización patrimonial
Con el fin de proceder a la regularización de la propiedad y el uso de todos estos inmuebles, el Consejo ha autorizado la firma de un convenio entre las consejerías afectadas (Hacienda y Modelo Económico, que tiene las competencias sobre el patrimonio de la Generalidad y Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, quien hace uso en la actualidad del edificio de los nuevos juzgados) y el Ayuntamiento de Orihuela.
En virtud de este convenio, sobre el edificio de los antiguos Juzgados, propiedad de la Generalitat y en desuso desde hace más de diez años, se va a realizar una mutación demanial externa de uso al Ayuntamiento de Orihuela, quien se compromete a destinar el edificio a usos públicos de competencia municipal.
Por otra parte, sobre el edificio de los nuevos Juzgados se va a formalizar un contrato de arrendamiento, que tendrá una vigencia máxima de 10 años. El importe de este arrendamiento se ha fijado en 75.000 euros anuales durante los cinco primeros años y 125.000 euros anuales del sexto al décimo año.
Además, las partes acuerdan una opción de compra sobre este inmueble a favor de la Generalitat, que podrá ejercer esta opción antes de finalizar el período máximo de arrendamiento. El inmueble se ha valorado en 4.766.532 euros, precio al que se le descontarán los importes que en el momento de la compraventa la Generalitat ya haya aportado en concepto de arrendamiento.
Por su parte, el Ayuntamiento se compromete, en caso de que las necesidades de prestación del servicio por parte de la Generalitat así lo requieran, en la búsqueda de soluciones patrimoniales que permiten la ampliación de las actuales dependencias de los nuevos juzgados, mediante la adquisición del solar adyacente a este inmueble, que será cedido gratuitamente a la Generalitat para que esta proceda, en su caso, a la ampliación necesaria.
En este caso, la Generalitat se compromete a construir la ampliación del actual Palacio de Justicia o en la construcción del edificio del nuevo Palacio de Justicia en el plazo de 5 años, a contar desde la aceptación de la cesión de los terrenos.
Finalmente, el convenio aprobado también contempla la cesión gratuita al Ayuntamiento de Orihuela del edificio situado en la calle Palmeral, propiedad de la Generalitat, pero usado por el ayuntamiento, donde se realizan en la actualidad actividades formativas para la promoción del empleo.
Con la firma de este acuerdo se pone fin a una situación lastrada desde hace doce años, aclarando la propiedad y uso de diferentes inmuebles. Se trata de una situación heredada, similar a otros casos sobre los que también está trabajando la Dirección General de Patrimonio, como por ejemplo la Casa Natalicia Miguel Hernández o la regularización del expediente patrimonial de la Universidad Miguel Hernández, donde se sitúa el Museo Didáctico de Ciencias.
El convenio aprobado por el Consejo refuerza la política de la Dirección General de Patrimonio de cero inmuebles sin uso, así como la de cooperación institucional, siempre a favor de la ciudadanía. Esto requiere, además, de una importante disposición de colaboración de todas las partes implicadas para resolver complejos expedientes, con múltiples aspectos jurídicos y administrativos, que durante años han sido paralizados.
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