Responsables de la Junta Directiva de DINOCO Vega Baja han comparecido este jueves ante los medios de comunicación para informar públicamente de la situación actual del centro que atiende a unos 140 menores de Orihuela y otras poblaciones de la Vega Baja.
En primer lugar, han recordado que el Ayuntamiento de Orihuela debe a la asociación DINOCO, formada por padres y madres de los niños atendidos, cuatro facturas correspondientes a los meses de julio y agosto, más la de la primera quincena de septiembre, con lo que la deuda asciende a unos 70.000 euros, lo que ha obligado a retrasar el pago de los últimos dos meses a las trabajadoras. Tal como ha indicado Manuel Culiañez como portavoz de la Junta Directiva, “pese a nuestro requerimiento por escrito, esta situación de impago se mantiene y solo sabemos por parte de la concejala Sabina Galindo que se están tramitando (información que nos facilitó el pasado martes)”. Ante esta situación, el colectivo estudia proponer al resto de padres el pago de una derrama con la que poder hacer frente a las cargas sociales, por cuyo retraso están siendo sancionados y pagando recargos de miles de euros.
Por otra parte, y respecto al futuro del servicio, aseguran que “nada parece haber cambiado”, mientras que ha recordado que “tras reunirnos con parte de las dirigentes valencianos del PP y con miembros del equipo de Gobierno, éstos se comprometieron a solicitar determinados informes en relación a la gestión directa del Servicio Municipal de Atención Temprana tanto a la Intervención General del Ayuntamiento como al Consell Jurídic Consultiu, sin que hasta ahora se nos haya comunicado más que en un mes tendrían el informe (afirmación que recibimos anoche por medio de un mensaje de la concejala)”. Culiañez ha detallado que hace unas semanas recibieron una propuesta de Sabina Galindo “para mantener una reunión con ella sin que, según sus afirmaciones, hubiera cambio alguno, simplemente para informarnos de cómo estaba la situación”. Ante dicha situación, la Junta Directiva de DINOCO decidió, “de forma unánime”, no aceptar dicha reunión y conminar a la concejal a que les convocara cuando hubiera algún cambio sustancial. “Lo hicimos así ante las malas experiencias anteriores en la reuniones con el equipo de Gobierno”.
Culiañez ha mostrado también el malestar existente entre los miembros de la Junta Directiva de DINOCO porque en la reunión del pasado mes de julio con la cúpula del PP valenciano, “sufrimos como el Sr. Almagro nos acusaba de faltar a la verdad ante unas afirmaciones hechas en una convocatoria anterior por la asesora de personal del equipo de Gobierno, cuando el Sr. Almagro había abandonado esa reunión y no conocía las afirmaciones de su asesora”. “Ante circunstancias como éstas y temiendo que, una vez más se nos dieran informaciones contradictorias, preferimos adoptar la postura antes mencionada y no aceptar la reunión propuesta por la concejala”.
En el comunicado dado a conocer este jueves tratan también la posible privatización del Servicio Municipal de Atención Temprana, y aseguran que la Junta Directiva de DINOCO “es consciente de la preferencia del equipo de Gobierno por esta opción, como así se nos dijo en la primera reunión que mantuvimos con ellos en agosto de 2015. Desde ese momento hasta aquí, lo único que no parece haber cambiado es este argumento”.
Tal como han explicado estos padres, “se propuso la utilización de una empresa municipal, al parecer, sin que nadie hubiese estudiado seriamente dicha opción a la vista de todos los problemas que conlleva y que la hacen inviable. El Sr. Bascuñana dijo públicamente que no era necesario declarar el Servicio Municipal de Atención Temprana como servicio esencial, pues la gestión directa podía hacerse de un día para otro (así lo manifestó en una entrevista televisada en un canal comarcal) y tampoco ha hecho nada al respecto. Al contrario, su discurso en las últimas reuniones mantenidas incluye las supuestas bondades de la gestión privada, con el fin de intentar convencernos de que es el mal menor”.
Con respecto a lo dicho por la edil socialista Carolina Gracia acerca de la transferencia de 150.000 euros a la partida que da cobertura a la Atención Temprana, para DINOCO, “parecen ir en ese sentido, pues la licitación a una empresa sería más cara que la gestión actual ya que habría que añadir conceptos como el beneficio industrial o el IVA”. Sobre este particular y tal como ha recordado Culiañez, “el verano de 2015, el Sr. Bascuñana anunció públicamente que era necesario cambiar el pliego existente y que servía para pagar las facturas. Ante las preguntas que le hicimos en una reunión mantenida con él el 9 de septiembre del año pasado, afirmó que el cambio se debía a que se había perdido el pliego (extremo que comprobamos no era cierto puesto que los expedientes se gestionan, desde el año 2013, a través de una aplicación informática que hace imposible esa pérdida). Posteriormente argumentó en público que era necesario dar cabida a empresas que pudieran presentarse lo que suponía aumentar el coste de dicho pliego”.
Ante esto, la postura de DINOCO “sigue siendo la misma que hemos expresado en otras ocasiones: nuestra única opción pasa por la gestión directa, sin más ambages. Más aún, cuando estamos viendo la situación de este servicio en la población vecina de Callosa de Segura, donde la gestión privada ha supuesto la pérdida de trabajadores y la reducción de sesiones para los menores, con altas que sólo se explican por la falta de personal y la búsqueda de beneficios de la empresa concesionaria”. Aseguran que nada de esto quieren para sus hijos y recalcan que “por mucho que se nos repita que se arbitrarían los mecanismos necesarios en el pliego de condiciones de una licitación, mucho nos tememos que terminaríamos en una situación similar a la de Callosa”. En este sentido señalan que en el caso de una gestión directa, “problemas como éstos sólo serían achacables a una mala gestión de los responsables políticos y la responsabilidad de ella estará claramente marcada y no se diluiría en los problemas de una empresa concreta”.
Demanda de las trabajadoras al Ayuntamiento
Pero de las declaraciones de la Junta Directiva de DINOCO destaca además que las trabajadoras del Servicio Municipal de Atención Temprana han demandado ante el Juzgado de lo Social en Elche al Ayuntamiento de Orihuela con el fin de que éste las asuma como trabajadoras del Consistorio, toda vez que consideran que se ha dado un proceso de contratación encubierta desde el año 2001 en que se inauguró el servicio.
Según el portavoz de DINOCO, “este es un extremo cuya posibilidad el equipo de Gobierno conocía desde el pasado mes de abril y, pese a ello, sigue intentando convencernos de las bondades de la privatización”. Aseguran que si la demanda de las trabajadoras prosperase, “algo bastante probable”, y el Ayuntamiento licitara el Servicio “podríamos encontrarnos con una empresa gestionando la Atención Temprana con su personal propio y 12 trabajadoras que el Ayuntamiento debería asumir, con el consiguiente perjuicio económico para las arcas municipales”. Una razón más en opinión de DINOCO “para mantener la lucha por la gestión directa de un Servicio que, insistamos una vez más, afecta a niños muy vulnerables y a familias que, en muchos casos, viven un drama personal y familiar diario que aumenta ante las incertidumbres de un servicio esencial como éste”.
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