El concejal de Hacienda y Patrimonio, Rafael Almagro, ha recordado este viernes que ayer finalizó el plazo de alegaciones para la Generalitat Valenciana en el proceso de reversión del edificio de los antiguos Juzgados, que inició hace semanas el equipo de gobierno, y que no ha tenido respuesta alguna por parte del Consell. Según el edil, “el procedimiento sigue su curso y el siguiente paso es convocar una mesa técnica paritaria para tratar esta cuestión”, prevista para las próximas semanas y formada por expertos tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Hasta este día, el Ayuntamiento no ha recibido contestación sobre esta cuestión por parte de la administración autonómica, mientras que a través de una llamada del alcalde, Emilio Bascuñana, al presidente Ximo Puig, el responsable autonómico ha vuelto a reiterar su intención de favorecer la resolución de este asunto en los términos que interesan al municipio oriolano.
Almagro ha añadido que al igual que en el tema de los juzgados, “seguimos sin respuesta sobre la adjudicación del Centro de Salud del Rabaloche”, ya que en el pasado Pleno, la concejal de la oposición, Carolina Gracia, anunció que esta semana “conoceríamos la adjudicación y una vez más el grupo de la oposición, el PSOE, vuelve a engañar con las fechas a los oriolanos”. La realidad es que a día de hoy “seguimos sin recibir noticias oficiales al respecto”.
La apertura de la CV-930 se retrasa
Por otra parte, el concejal ha manifestado en referencia a la próxima apertura de la CV-930, cortada desde hace años por las obras del AVE, que “sabíamos que era técnicamente imposible que se abriera al tráfico hoy”, sin embargo, “los concejales de la oposición se dedican a dar fechas al respecto”, mientras que de manera oficial el Ayuntamiento sigue sin recibir información por parte de la Generalitat correspondiente a todas estas cuestiones. Ante esta situación, el edil de Hacienda ha mostrado su malestar y ha exigido que “la comunicación fluya de manera directa entre las administraciones públicas para evitar malentendidos entre los ciudadanos sobre aquellos asuntos que les atañe”.
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