El alcalde, José Manuel Dolón, ha anunciado que el Ayuntamiento ha recurrido el archivo provisional de la denuncia sobre la discoteca Vela Beach, un tema que ha asegurado que va a tener “mucho recorrido” porque desde su punto de vista “ha habido responsabilidades políticas y posiblemente penales por no actuar con diligencia para garantizar el cumplimiento de la legalidad”
Además, ha dicho que “si los afectados por una cuestión tan grave consideran que se trataba de una denuncia falsa, y no lo denuncian, queda deslegitimado el resto de su discurso”.
Dolón ha recordado que la juez vio indicios suficientes de graves irregularidades e indicios de criminalidad como para “hacer un auto en el que ordenaba la detención de un concejal del anterior equipo de Gobierno, el concejal de actividades, que sabía que esa discoteca no estaba funcionando conforme a la Ley y que había informes de la Guardia Civil y no actuó en consecuencia”.
José Manuel Dolón también ha señalado que había informes de la Guardia Civil y de policías locales alertando del peligro que suponía el normal funcionamiento de la discoteca “por el exceso de aforo y falta de seguridad para las personas, de modo que la jueza lo mandó detener y la Guardia Civil lo detuvo por incumplir su obligación de cerrar la discoteca y abrir un expediente para legalizarla”.
En el mismo sentido ha recordado que la jueza también dictó un auto para llamar a declarar “en calidad de imputado” al anterior alcalde Eduardo Dolón. “La imputación del anterior alcalde también es un auto de la jueza, no es un invento de nadie, estamos hablando de unos hechos muy graves que una jueza y un fiscal consideran constitutivos de delito”.
El actual equipo de Gobierno, tras tener conocimiento de los informes citados “clausuró la actividad con total normalidad, el empresario recurrió, perdió el recurso y ha tenido que hacer una serie de actuaciones para poder funcionar y legalizar su expediente administrativo, lo que tendría que haber hecho desde un principio para tener abierto” ha explicado el primer edil.
Igualmente ha añadido que “parece que con ese expediente administrativo resuelto, la jueza ha entendido que se resolvía el expediente penal que se derivaba de la denuncia de otro funcionario municipal al que le pasó como a nosotros, que en el ejercicio de sus funciones entendía que se estaba permitiendo una situación irregular sin poner las medidas para evitar que pudiese ocurrir un suceso desagradable no deseado”.
“Parece que estos señores se alarman de esta denuncia de una persona de la casa que tiene relación conmigo, no me importa decir si es o no mi amigo, cuando es lo más normal del mundo, cuando es una obligación y un derecho cívico de los ciudadanos y cuando no hacerlo está castigado penalmente. Un funcionario que sepa que se incumple una normativa que puede afectar a terceros debe denunciarlo y yo lo aplaudo, sea contra nuestra gestión o contra la del equipo anterior”.
Por último, ha dicho que esta actuación es “lo normal”, lo que era “mafia era el modo en que el aparto administrativo iba contra las personas, mercantiles y opositores políticos, interpretando la legalidad de forma que perjudicara a esas personas. Quienes no han tenido un recorrido limpio en ese sentido tienen falta de credibilidad”.
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