Los concejales de Cambiemos Orihuela, Marta Guillén y Carlos Bernabé, han realizado la primera valoración de los primeros pasos del nuevo equipo de gobierno, que han calificado como “negativa”.
Ambos han centrado su crítica en la decisión anunciada por el alcalde, Emilio Bascuñana, de excluir a los representantes políticos de la Mesa de Contratación, “restringiendo así las posibilidades de control democrático de los fondos públicos y la participación de los distintos grupos municipales en los procesos de licitación”, según ha manifestado la edil de Cambiemos.
Bascuñana, tomó la decisión de excluir a los representantes políticos de la Mesa de Contratación, órgano que controla los procesos de licitación, y que quedaría participado únicamente por técnicos municipales. La medida ha sido criticada por la formación de izquierda, desde donde han mostrado su malestar porque Bascuñana “contraviene la premisa de diálogo que anunció al comienzo de la legislatura”, además de asegurar también Marta Guillén que “no ha habido ninguna voluntad por su parte de consensuar una decisión que nosotros consideramos muy importante”.
Igualmente, desde Cambiemos Orihuela han expresado que en su opinión “despolitizar la acción de la Mesa de Contratación y tecnocratizar el proceso, sería un error”, porque, según Carlos Bernabé, “sí que tiene una componente política. La valoración de las ofertas desde el punto de vista técnico, no tiene que ser necesariamente la mejor opción. Y desde luego, no se debe actuar siempre desde el punto de vista exclusivamente económico, también se pueden integrar otros criterios relacionados con la justicia social o medioambiental”. Guillén ha criticado la decisión de excluir a los representantes de la Mesa de Contratación, porque “no debemos presuponer que la presencia de representantes elegidos democráticamente puede enturbiar el funcionamiento de la mesa de contratación, sino considerar que su participación es garantía de transparencia y control democrático en los procesos de adjudicación”.
Finalmente, Bernabé ha declarado que “aunque tengamos confianza plena en los técnicos que evalúan las ofertas y asignan los contratos, la función de los políticos es hacer un seguimiento del desarrollo del proceso, controlar que no haya ningún tipo de irregularidad, y se tengan en cuenta criterios más allá de lo económico. La solución, por tanto, no pasa por eliminar a los representantes políticos de las mesas de contratación, sino todo lo contrario, incluir a los representantes de todos los grupos políticos, como hacen ya ayuntamientos progresistas, como el de Alicante”.
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