Desconozco si fueron 20.000, como dicen los organizadores, o 17.000 como indica la Policía. Pero, con la modesta autoridad que me confiere haber asistido a cuantas manifestaciones han tenido lugar en Orihuela desde que tengo uso de razón, puedo asegurar que esta ha sido, sin duda, la más multitudinaria de cuantas jamás han recorrido las calles de la ciudad natal de Miguel Hernández. Bastará tener en cuenta un dato irrefutable: la manifestación comenzaba a las cuatro de la tarde en Los Huertos y concluyó ante las puertas de la Casa Consistorial pasadas las siete. Nunca vi tantas pancartas, tantas banderas ni tanta rotundidad y claridad en los mensajes.
Si la Federación de AMPAs Gabriel Miró -a la que se sumaron otras representaciones de la sociedad civil y política- quiso dar una demostración de fuerza, puede estar satisfecha porque la asistencia superó todas las expectativas, hasta el punto de que la representante de la organización convocante, Sonia Terrero, tuvo que repetir la lectura del manifiesto ya que más de la mitad de los participantes no habían llegado a tiempo al punto de destino. Animada por el ambiente, la portavoz anunció entre aclamaciones: “Si no nos hacen caso, la próxima en Castellón, después en Valencia y, si hace falta, al Congreso de los Diputados”. Me vino entonces el recuerdo de las memorables movilizaciones de hace años para conseguir el Hospital, el encauzamiento del río, la Universidad…Siempre la Vega Baja arrancando sus reivindicaciones a golpe de manifestación. Y siempre frente a la incomprensión de los gobiernos de turno.
No sé si al éxito de esta histórica manifestación han contribuido declaraciones tan desafortunadas como las del secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, quien afirmó el pasado miércoles en Rafal que el número de asistentes no influiría en los planes de la Conselleria sobre la aplicación de la Ley del Plurilingüismo: “me da igual que vayan 1.000 o 200.000”, dijo desafiante para añadir que venía a aclarar “las mentiras que se están diciendo” y que “todo lo que están pidiendo está ya concedido”. Mala cosa esta de que a un político se la traiga al pairo lo que opine un amplio sector de la ciudadanía, en una versión moderna del despotismo ilustrado. Pero todavía peor me parece afirmar que lo que piden los afectados está concedido… y no ser capaz de convencerlos de ello. A mí tampoco me convence, por ejemplo, que haya altos cargos de su gobierno que vienen a esta comarca –o te atienden por teléfono- y se empeñan en hablar en valenciano, a sabiendas de que sus interlocutores desconocen totalmente dicha lengua. Estos funcionarios públicos no necesitan una mejor Ley de Plurilingüismo sino –simplemente- empezar a recibir clases de buena educación.
Es un hecho que el artículo 6º del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece con toda rotundidad que todos tienen derecho a conocer el valenciano pero en modo alguno se impone como un “deber”, lo que sí ocurre con el castellano (art. 3.1 de la Constitución Española). Sin embargo, algunas mentes maquiavélicas se empeñan en aplicar el dicho de aquel viejo zorro de la política liberal española, Álvaro Figueroa y Torres, Conde Romanones (presidente del Congreso y del Senado, trece veces ministro y en tres ocasiones presidente del Consejo de Ministros con Alfonso XIII) cuando afirmaba con altanería: “Hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos”.
El error de los miembros del gobierno del Botànic sería caer ahora en el simplismo de atribuir a espurios intereses políticos de variopintas fuerzas de la derecha el movimiento que se ha puesto en marcha (para no echar más leña al fuego, eludiré referirme a vídeos que han circulado profusamente estos días como el de la novia en Benicarló y el hemisferio cerebral izquierdo, seguro que fruto de ese mal momento que todos tenemos). Una demostración de fuerza como la de este sábado –no faltó a la cita Luis Vicente Mateo, imbatible alcalde socialista de Benferri, o una nutrida representación de Rafal donde suele obtener mayorías absolutas el PSOE- no se consigue si no es porque se siente realmente concernida en sus sentimientos una ciudadanía de amplio espectro que lleva mucho tiempo sufriendo desafectos –cuando no desprecios- de sus gobernantes autonómicos, no solamente en razón de la lengua sino otros de índole diversa a través de los años, olvidando que “el sur también existe”. Y dejaremos para otra ocasión ocuparnos de las promesas –que están por venir- realizadas con el objetivo de paliar los efectos de la DANA sufrida el pasado mes de septiembre.
Si, como afirmaba Ximo Puig, la Ley de Plurilingüismo se ha concebido “desde el primer momento como una propuesta abierta, consensuada, que no quiere confrontar”, no debería existir problema alguno para el entendimiento. Porque el manifiesto que se leyó ante la multitud congregada en las puertas de la Casa Consistorial oriolana pedía justamente “que se abra un proceso de diálogo para la elaboración de una nueva ley plurilingüe que cuente con el máximo consenso social” y “que el programa de educación plurilingüe e intercultural se elabore teniendo en cuenta el predominio de la lengua en la zona en la que se encuentra ubicado el centro educativo”. Consenso, diálogo, acuerdo mayoritario, no confrontación…Si estos conceptos valen como instrumento político para el problema de Cataluña, ¿no será más fácil utilizarlos aquí? ‘¡¡Valenciano, sí; Castellà, també!!’ es el grito con el que concluyó la proclama de la Federación de AMPAs. Puede ser, si en Valencia quieren, un buen comienzo para retomar el diálogo.
Juan José Sánchez Balaguer
Periodista y politólogo
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