El edil socialista Isidro Grao, ha presentado esta mañana una de las mociones que desde su grupo han registrado para el próximo Pleno. Grao ha explicado que con en esta moción instan al Ayuntamiento a solicitar a la Generalitat que realice el estudio previo que exige la legislación nacional de vivienda y con el que se determinará, si Orihuela cumple con los requisitos para poder solicitar la declaración de “Zona de Mercado Residencial Tensionado”. El edil ha explicado que este es el trámite que fija la Ley 12/2023 de 24 de mayo del Derecho a la Vivienda que aprobó el Gobierno de España. Esta declaración permitiría aplicar el índice de referencia para el precio del alquiler que ha implementado el Ministerio de Vivienda, para la lucha contra la especulación existente en el Mercado.
Desde el Grupo Socialista aseguran que los últimos datos en informes y páginas del sector inmobiliario, demuestran que en Orihuela se ha producido un aumento en los precios del alquiler y venta, además de existir escasez de viviendas asequibles para la ciudadanía. Isidro Grao ha recordado “precisamente las políticas de vivienda, brillan por su ausencia en el proyecto de presupuesto que fue aprobado inicialmente el pasado lunes. Y lo único que sabemos de las acciones previstas en esta área, es lo anunciado por el edil de Urbanismo, que asegura que la Generalitat Valenciana ya cuenta con un Plan de Vivienda pública, para el que el Ayuntamiento ha realizado un listado de solares y edificios que podrá disponer el gobierno valenciano”.
En Orihuela se ha producido un aumento en los precios del alquiler y venta
En este sentido el edil asegura que “una vez más el Partido Popular apuesta por la construcción de viviendas, asegurando que eso supondrá una regulación de precios”. Grao ha recordado que durante los gobiernos autonómicos del PP se centraba únicamente en la construcción de viviendas desde el sector público “recordaran el ya desaparecido, Instituto Valencia de Vivienda (Ivvsa) que como se ha demostrado, esta construcción masiva de viviendas sin destinos y fines sociales, produjo la pérdida del 60% del parque público en vivienda y dejaron 34 millones de deuda en ayudas al alquiler con más de 60.000 familias afectadas”.
Grao ha concluido solicitando al Gobierno Local “que priorice el interés general y la preocupación existente que tiene la ciudadanía con respecto a la vivienda y acceda a instar al Gobierno autonómico el informe con el que poder aplicar la declaración de zona de mercado residencial tensionado que permitiría por un lado beneficios fiscales a los arrendadores y por otro que la gente, no siga marchándose o buscando pueblos cercanos para fijar su lugar de residencia”.
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