El portavoz adjunto del Equipo de Gobierno, Rafael Almagro, ha informado este martes de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno Local, entre los que destacó la aprobación de la adjudicación del servicio de la ORA.
Otras de las cuestiones aprobadas que se dio luz verde fue la ampliación del plazo en la cesión de la parcela sita de la Plaza de la Salud, con destino a la construcción del centro de salud del Rabaloche, así como tres relaciones de facturas por importe de 205.681 euros, 558.930 euros, 176.946 euros, respectivamente. Por otra parte, Almagro destacó las ayudas sociales por una cuantía de 885 euros por talón y 4.422 euros mediante transferencia.
En otro orden de cosas, también se ha aprobado el pago de los intereses de sentencias por un total de 414.685 euros, “correspondientes a sentencias de procesos perdidos durante los años 2013, 2014 y 2015, de manera que si se hubieran pagado a tiempo ahora no tendríamos que hacer frente a estas cantidades”, según el portavoz del equipo de gobierno. Almagro cifró en 1.184.177 euros la deuda que se debe por sentencias en contra del Ayuntamiento, principalmente por expropiaciones y pagos con retraso a proveedores.
2.000 euros por daño moral
Almagro ha confirmado que el Ayuntamiento deberá indemnizar con 2.000 euros por daños morales a una asesora de Los Verdes; trabajadora que fue despedida en noviembre de 2012, días antes de dar a luz.
El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimaba el recurso presentado por la ex coordinadora de la Concejalía de Modernización y declaraba nulo el Decreto de Alcaldía de 31 de octubre de 2012, que acordaba su despido.
El TSJCV condenaba al Ayuntamiento a pagarle los sueldos correspondientes, a readmitirla en el puesto que ocupaba y a indemnizarla con 2.000 euros en concepto de daño moral. Señalaba que, a pesar de tratarse de un cargo de libre designación, no puede dejar de atenderse “a las circunstancias que concurren” porque la libertad de cese queda limitada al respeto de los derechos fundamentales”. A ese respecto, recuerda que el expediente administrativo señala que la coordinadora “se encuentra de baja médica desde hace varios meses” y tras dar a luz estará “por lo menos cuatro meses más”. Remarca el alto tribunal que tanto la concejal, como el alcalde conocían el embarazo de la asesora y zanja que “la causa del cese, no fue otra que la legítima baja médica de la actora por su embarazo y sobretodo la previsión de su ausencia en ‘unos cuatro meses más'”.
Los comentarios están cerrados.