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DINOCO pide por escrito a la Junta de Gobierno la gestión municipal del servicio de Atención Temprana

Los padres que forman la asociación DINOCO y que gestiona el Centro de  Atención Temprana de Orihuela desde 2012, han vuelto a mostrar la incertidumbre y la necesidad de información concreta que les permita, como afectados, conocer cuál va a ser el futuro del Servicio Municipal de Atención Temprana, y aseguran que “en la actualidad, este servicio se encuentra en una situación de inseguridad e inestabilidad cuyas consecuencias son evidentes para las familias, menores y trabajadoras afectadas al desconocer el futuro de la gestión”.

Por ello, han solicitado a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que asuma la gestión directa de este servicio que se presta a unos 140 menores de Orihuela y otras localidades de la comarca. Aseguran que sería un paso previo a la decisión de encomendar o no esa gestión a la sociedad municipal Uryula Histórica.

Firmado por el presidente del colectivo de padres, Francisco Javier  Caamaño, DINOCO ha presentado tres escritos al Registro Municipal, dirigidos al alcalde y al resto de grupos políticos, en los que, además de esa propuesta, pide al equipo de gobierno formar parte del consejo de administración de esa empresa municipal, y que se incluya a un representante de Dinoco, porque tal como explican en el escrito «siendo los principales afectados, como padres y madres de los usuarios del servicio municipal de atención temprana, consideramos necesaria e imprescindible la presencia de un representante de DINOCO en el consejo de administración».

Una tercera solicitud es la creación de una mesa de trabajo para informar sobre las posibilidades de gestión directa por parte del Ayuntamiento de la atención temprana. Piden que la formen representantes de todos los grupos políticos así como técnicos de Secretaría, Intervención y la Concejalía de Bienestar Social.

DINOCO presentará esta semana tres facturas pendientes de cobro, correspondientes al mes de diciembre y a la primera quincena de enero,  cuyo retraso en el cobro le supone enfrentarse a sanciones de la Tesorería de la Seguridad Social por pagar fuera de fecha la parte correspondiente a las cargas sociales de las trabajadoras que prestan este servicio.

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