La asociación de vecin@s “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas piden al gobierno la retirada del proyecto de la planta solar para la desaladora de Torrevieja en San Miguel de Salinas por su fuerte impacto económico, social, ambiental, paisajístico y cultural.
En el informe de impacto ambiental del proyecto de las obras de ampliación de la desaladora de Torrevieja, que pretende incrementar la producción de los actuales 80 hm³ /año a 120 hm³ /año se dice, de manera expresa, que “no se hace referencia a que sea necesario ningún tipo de instalación eléctrica adicional a la ya existente, de lo que se deduce que el proyecto no necesita nuevos trazados de líneas eléctricas, ni nuevas subestaciones, contando la subestación existente con capacidad suficiente para el incremento de la energía utilizada para los bombeos”.
El suministro eléctrico, por tanto, para la ampliación de la capacidad de la instalación se encuentra garantizado. El objetivo de la obra de la planta solar no es otro que el de abaratar los costes de producción del agua desalada. La planta se proyecta para una potencia nominal máxima de 60 MW, que suponen la ocupación de unas 120 ha según el pliego de prescripciones técnicas (PPT) y la línea de evacuación al centro consumidor la desaladora y el punto de acceso y conexión a red.
La factura eléctrica de todas las desaladoras de Acuamed es única y unitaria. Cada desaladora tiene en proyecto su planta solar. De hecho cada anualidad la empresa licita de manera conjunta el suministro de energía para todas sus plantas. La desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa, consume ahora casi un cuarto del total del consumo energético del conjunto de las desaladoras del arco mediterráneo (el 23,6 % según una auditoría energética de la empresa de 2023). No parece justo ni solidario que el municipio de San Miguel sacrifique su futuro para rebajar la mayor parte del coste de esa factura energética.
El emplazamiento elegido para la planta solar tiene un elevado número de afecciones económicas, paisajísticas, culturales y medioambientales
Citaremos a modo de ejemplo sólo algunas de ellas que, a su vez, le hemos hecho llegar a Acuamed:
a) El impacto en el sector agrícola del municipio
El pliego de prescripciones técnicas recoge de manera explícita que “El consultor deberá realizar un estudio de detalle de la disponibilidad de terrenos cercanos a la Planta Desaladora para poder instalar la PSFV, así como los terrenos necesarios para ejecutar las líneas de evacuación necesarias. Asimismo, analizará la posible utilización del Canal del Campo de Cartagena y el embalse de la Pedrera” . La asociación de vecin@s ahondando en esa misma línea ha propuesto, sin éxito alguno, la utilización combinada del canal de Cartagena y la autovía AP-7 que circunvala la laguna de Torrevieja.
En su lugar Acuamed baraja la utilización una superficie de 200 ha de una rica huerta de cítricos en producción catalogada de regadío tradicional y de interés nacional con derecho a aguas del río Segura desde hace un siglo, que factura alrededor de 5 millones de € anuales y que es el sostén de la economía de alrededor de medio centenar de pequeños agricultores. Suelos calificados como de alto valor agrológico por la Generalitat valenciana que no contempla, debidamente, el Ministerio para la Transición Ecológica en su Índice de Sensibilidad Ambiental, que utiliza como guía para la elaboración de este tipo de proyectos. No tiene tampoco en cuenta las recomendaciones que Acuamed refleja en el PPT donde dice que se hará un “Uso excepcional de suelo rústico” (página 10 del PPT).
b) El impacto en el sector turístico y en el paisaje
El emplazamiento de la planta solar se ubica a escasos 300 m del casco urbano y ocupa una extensa franja longitudinal en la fachada Este del municipio aguas vertiente a la laguna de Torrevieja, que es el punto más bajo de la cuenca del campo del llano de Salinas. El impacto, no será sólo visual, donde ahora son campos de cítricos serán reemplazados por un bosque de placas, sino también; económico con pérdida inmediata del valor de inmuebles y de las expectativas turísticas en un pueblo que vive principalmente del turismo y de la agricultura.
c) Otras consideraciones
Los proyectos financiados con fondos europeos, como éste, deben cumplir el requisito de que no causen efectos significativos en el medio ambiente ( DNSH, siglas en inglés) en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que deben justificar mediante un informe al efecto. El primero de los seis objetivos del DNSH es el impacto y la adaptación al cambio climático “Se considera que una actividad causa un daño significativo a la adaptación al cambio climático si conduce a un mayor impacto adverso del clima actual y futuro, sobre la propia actividad o sobre las personas, la naturaleza o los activos” No se entiende cómo se puede justificar la eliminación de miles de árboles y su sustitución por placas solares y sus efectos perversos en cuanto a la aceleración del desequilibrio térmico en una zona árida como la nuestra.
La retirada del anteproyecto
Una vez realizada la fase previa de recogida de información el Director Técnico del Servicio, que se personifica en el ingeniero designado por Acuamed para supervisar el contrato y que tiene “los más amplios poderes y facultades” deberá decidir “En todo momento, conforme avancen las tramitaciones, el DTS será debidamente informado de la viabilidad de obtención de todas las tramitaciones, pudiendo decidir éste en función de las condiciones obtenidas, la viabilidad técnico‐económica de la PSFV y la continuación o no del resto de los trámites. continuación o no del proyecto “.
Además, la tendencia a la baja del mercado de la electricidad por sobreproducción de las energías renovables desde el inicio de la guerra de Ucrania, cuando se gestó este proyecto, hasta ahora es más que evidente y contrastado; por tanto, la coyuntura ni urge ni tensiona la situación en la búsqueda de unas soluciones que no sean dañinas donde se pretende implantar la fotovoltaica.
Por tanto, esta parte solicita al DTS la retirada inmediata del proyecto y que no se inicie el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental.
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