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Carlos Ramírez presenta su baja del PP y estudia dejar la alcaldía tras ser inhabilitado por prevaricación

El presidente local del PP y alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, ha comunicado a la dirección del Partido Popular Provincia de Alicante su decisión de solicitar la baja de la formación, a la cual pertenece desde hace 27 años, “para no dañar la imagen del partido”.

Ramírez ha tomado voluntariamente esta decisión después de conocer la sentencia del juzgado de primera instancia en la que se le inhabilita para cargo público durante ocho años y medio por un delito de prevaricación. Esta sentencia no es firme y es recurrible a instancias superiores.

Ramírez ha enviado una carta a la dirección en la que pide su baja voluntaria “para poder defenderme y presentar cuantos recursos sean necesarios ante la Audiencia Provincial de Alicante”.

En la misma carta, presenta su dimisión como presidente local por lo que la agrupación local se reunirá en breve para cubrir la vacante. Carlos Ramírez expone en su escrito que se va a reunir próximamente con su equipo de gobierno para tratar el futuro de la Alcaldía de San Fulgencio, siempre pensando en el beneficio de sus ciudadanos.

La sentencia se extiende al que fuera edil de Deportes el pasado mandato, Pascual Sempere, también del PP, a quien se impone la misma privación de derechos, mientras que al expresidente de la asociación ‘Club de Fútbol Sporting San Fulgencio’, Antonio Irles, se le condena a siete años de inhabilitación por el mismo delito.

Los hechos sucedieron entre 2011 y 2014, cuando se organizó la gestión de las escuelas deportivas municipales a través de un club creado para ese fin, que recibió 195.753 euros en subvenciones. El magistrado considera probado que dicho servicio se prestaba hasta entonces a través de una contrato suscrito con una empresa y fue en 2011, con la llegada al poder del grupo popular, cuando el edil de Deportes ideó otra forma de gestión sin ningún tipo de publicidad y oferta al público en general, con personas próximas al equipo de gobierno para que constituyeran un club deportivo con la finalidad de prestar el servicio y recibir las subvenciones del Ayuntamiento».

El PSOE comarcal exigía la dimisión

El secretario general del PSOE en la Vega Baja, Manuel Pineda, ha sido contundente a la hora de exigir la dimisión del alcalde de San Fulgencio, el popular Carlos Ramírez, una vez condenado por un juez a ocho años y medio de inhabilitación para ejercer cargo público por prevaricación.

Pineda había asegurado que, de no dimitir el regidor, “el PP debe tomar cartas en el asunto, puesto que de no hacerlo los responsables del Partido Popular, a todos los niveles, demostrarán que la lucha contra la corrupción no va con ellos, algo que por otra parte nos demuestran todos los días”. Al mismo tiempo ha reclamado que se depure el censo popular de la localidad de San Fulgencio dado que también han sido condenados el anterior edil de Deportes, Pascual Sempere, y Antonio Irles, expresidente de la asociación a la que se concedieron “a dedo” las subvenciones y que fue en la lista popular en el 2011.

“Ya no valen paños calientes, porque hay una condena en firme que demuestra que las cosas no se hicieron bien”, ha dicho Pineda, quien considera que la sentencia judicial es “más que clara cuando tacha de ‘grosera y aberrante’ la actuación llevada a cabo en el Ayuntamiento de San Fulgencio, de cuyas arcas han salido miles de euros durante tres años para un club en concreto, sin ninguna posibilidad de que otras entidades optaran siquiera a prestar el servicio”.

El secretario comarcal socialista considera que aunque todavía quepa recurso ante la audiencia provincial “los hechos han quedado probados en primera instancia, y no nos vale que Ramírez diga que se hace igual en otros sitios, porque lo que está mal hecho está mal hecho, lo haga quien lo haga y donde se haga”. En este sentido había insistido antes de conocer la decisión de Ramírez, “en que el PP tiene que dar el paso si no lo da el propio alcalde, porque no podemos tener al frente de las instituciones a personas condenadas precisamente por no haber gestionado de forma correcta el dinero de todos sus vecinos y vecinas”.

 

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