Los ediles de Cambiemos Orihuela han pedido cambios sustanciales en la gestión del agua, “muy ventajosa”, según afirman “para “el lobby del agua”, pero “demasiado perjudicial para la ciudadanía y las arcas públicas”.
La concejala Marta Guillén ha detallado el modo en que el agua, “un bien esencial, un derecho”, ha sido progresivamente privatizada en nuestro país. Según ha defendido, “actualmente, vivimos una tendencia de privatización. Prácticamente el 60% de ciudadanos dependen de empresas privadas para el suministro de agua potable a domicilio, un mercado que, en el 90% está copado por Agbar y FCC”. Guillén ha insistido en la idea de que “vivimos sometidos a un oligopolio”.
Sin embargo, Cambiemos Orihuela no comparecía únicamente para defender una gestión pública del agua “al servicio de los intereses de la mayoría”, sino también una reacción provocada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo(5037/2015) y que abre nuevas puertas para la gestión del agua . Dentro del sistema de explotación del recurso esencial, existía, según afirmaba Guillén, una pugna en la que el lobby del agua defendía que el precio del suministro se considerase un precio privado. Sin embargo, una sentencia de final del 2015 despeja, según Cambiemos, toda duda al respecto, debiendo considerarse el precio del agua como una tasa.
“Las consecuencias prácticas son claras”, tal como ha afirmado la edil, “al tratarse de una tasa, los impagos de recibos no pueden ocasionar un corte del suministro”, por lo tanto, tal como han afirmado, “los cortes de agua podrían no ser sólo injustos e inhumanos, sino directamente ilegales”. Y es que, tal como ha recordado Guillén, el impago de una tasa no supone un corte del suministro, sino la exigencia por vía de apremio, un apremio que debería detenerse en caso de insolvencia probada del consumidor. Evidentemente, este cambio cuestionaría algunos “privilegios de Hidraqua, puesto que dejaría de beneficiarse de muchísimas transferencias en forma de ayudas que no serían necesarias”
Desde Cambiemos Orihuela han anunciado que en los próximos días solicitará por registro al equipo de gobierno que modifique la normativa municipal sobre agua para proteger los intereses de los vecinos, “detener los cortes de suministro” y “defender el agua como bien común y no como negocio”.
Los ediles han recordado que, desde el inicio de legislatura han solicitado facturas, convenios y contratos con Hidraqua (la antigua Aquagest) y que “sospechosamente” no les han facilitado ninguno, lo cual los hace intuir un “vacío legal” en la relación entre Ayuntamiento e Hidraqua, que podría ser “perjudicial para vecinas y vecinos”.
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