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Pepe Vegara: “Los consejeros de ITV Vega Baja firmábamos a ciegas en base a la confianza plena que teníamos en el gerente”

El alcalde de Orihuela ha declarado este jueves en calidad de acusado por un presunto delito continuado de fraude fiscal por la supuesta venta adulterada de unas agendas promocionales

Han tenido que pasar cuatro jornadas para que el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, tome por fin la palabra en el juicio que lo investiga como acusado por un presunto delito continuado de fraude fiscal. Estos movimientos a los que Hacienda apunta se produjeron entre finales de 2004 y toda la anualidad de 2005 en la empresa Estación ITV Vega Baja, de la que Vegara era consejero junto a otros dos acusados.

En concreto, el foco de la Agencia Tributaria está en la compraventa de 100.000 agendas publicitarias a la mercantil Orikoffee SL, un material que se ofrecía como regalo a los clientes de la ITV para incentivar las visitas. Para Hacienda, resultó sospechoso la compra de estas agendas debido a la gran diferencia de precio existente entre el montante inicial y el final de venta.

Este precio fue aumentando a través de un circuito de empresas intermediarias, de las cuales la primera fijó la unidad en 1,31 euros hasta llegar a los 17 euros que estableció Orikoffee SL como cifra de venta a Estación ITV Vega Baja, un precio que en palabras del perito que ha realizado la investigación por parte de Hacienda resulta “exorbitante“, “ficticio” y “sobredimensionado“.

El perito de la defensa apunta hacia una falta administrativa

A este respecto, se han pronunciado hoy todos los acusados —Pepe Vegara, Maria del Carmen Cutillas, Manuel Ramón Pérez, Ricardo Pérez y Vicente Casanova—, a los que ha precedido el testimonio de un perito de ITV Vega Baja que realizó una contrapericial indicando que, bajo su punto de vista profesional, el informe de Hacienda tiene “graves defectos”.

Durante su intervención, el perito de la defensa ha desglosado los motivos por los que consideraba que las cifras calculadas por la Agencia Tributaria relativas a los tramos del Impuesto de Sociedades no eran correctas. En este sentido, ha admitido que en todos los trimestres existe una pequeña desviación a favor de los contribuyentes, pero que ésta —contrario a lo que indica Hacienda— no alcanzaría los 120.000 euros que delimita la ley entre una multa administrativa y un delito penal.

Por otro lado, el perito ha querido remarcar la falta de igualdad existente entre el trato a ITV Vega Baja y Orikoffee SL en el estudio de este posible fraude. Para ello, ha indicado que sería injusto que a esta mercantil se le diera por buenas estas facturas frente a la acusación de fraude ITV Vega Baja: “Si se le permite a una, no se entiende que se le corrija a otras”.

La agenda buena y la “regulera”

El precio de mercado de las agendas ha sido otra de las preguntas recurrentes durante la jornada de hoy, una cuestión por la que han sido preguntados tanto los acusados como el perito, apuntando todos ellos a que en ningún momento del auto Hacienda fija cuál debería ser el precio máximo de venta de unas agendas publicitarias en el año 2005.

Asimismo, se ha aludido a que los 17 euros no correspondían exclusivamente a una agenda, sino que se trataba de un precio fijado en base a dos cuadernos: un glosario técnico y un listín telefónico. O como el propio fiscal las ha renombrado: “la buena y la ‘regulera'”. Respecto a este pago, el que fuera administrador único de Orikoffe SL, Vicente Casanova, ha declarado que este abono se completó en 2007 tras tener varias discusiones con el entonces propietario de ITV Vega Baja, Ramón Pérez.

En este sentido, ha explicado que los pagos se fueron realizando durante varios años a través de transferencias bancarias y mediante dinero en metálico —sin recibos—, culminando en 2007 en dos facturas que, según Casanova, se le indicó que debían ser endosadas a la empresa Autos Ramón. Por contra, el hijo de Ramón Pérez y actual administrador de Autos Ramón, Manuel Ramón Pérez Zambrana, ha asegurado que su empresa no recibió en ningún momento ese montante en ninguna de las cuentas de la que él es titular.

FOTO EVA MOYA

Una factura “falsa” y unos consejeros sin función ejecutiva

Otro de los momentos reseñables de esta cuarta vista oral ha sido cuando el fiscal ha preguntado a Casanova por el precio al que él adquirió las agendas a otra mercantil. A este montante se ha referido Hacienda en varias ocasiones desde el inicio del juicio, cifrándolo en 1,97 euros. Sin embargo, durante la declaración de Casanova, se han proyectado dos facturas de compra de Orikoffee a esta empresa. La primera, con una cantidad unitaria de 1,97 euros por agenda, ha sido identificada por Casanova como “falsa”, para, seguidamente, compararla con una segunda factura que posicionaba el precio de este material en 12 euros por cada cuaderno.

Ricardo Pérez, también ha declarado como acusado en el juicio junto a Maria del Carmen Cutillas, ambos consejeros mancomunados de la empresa. En sus intervenciones, tanto Pérez como Cutillas han subrayado que sus labores en el Consejo de Administración eran meramente figurativas y que era Ramón Pérez quien gestionaba todo. “Nosotros no estábamos cualificados en ese momento para dirigir una empresa. No teníamos despacho ni funciones ejecutivas. Por encima de todo y de todos estaba siempre mi padre“, ha asegurado Ricardo Pérez.

Confianza en el gerente

Estas versiones han sido también compartidas y corroboradas por el que fuera vicepresidente del Consejo de Administración, Pepe Vegara. El alcalde de Orihuela, que ha declarado en último lugar, ha sostenido que su papel era representativo, contradiciendo la declaración del director financiero de ITV Vega Baja en esa época: “No es cierto que nos reuniéramos para tomar decisiones de la empresa. No sé por qué mintió el director financiero en su declaración, pero nosotros sólo representábamos a nuestras familias“.

Vegara, que asumió el cargo de administrador de derecho en 2001, ha respaldado las versiones de los otros acusados, añadiendo que firmó el contrato de las agentas junto a Ricardo Pérez sin leer su contenido:

“Nosotros no negociábamos nada con las empresas ni cuestionábamos las decisiones de Ramón Pérez. Siempre firmábamos en base a la confianza plena que teníamos y tenemos por la persona que gestionaba ITV Vega Baja”

Precisamente, en alusión al que fuera el director ejecutivo de la empresa, Pepe Vegara ha reiterado en diversas ocasiones su confianza hacía Pérez, así como la cualificación de éste para llevar a cabo frecuentes operaciones comerciales: “No sé cómo se gestionó este contrato, lo que sí tengo claro es que Ramón siempre compraba en pro de un equilibrio entre precio y una buena calidad. Mi padre siempre lo consideró una persona de confianza y así nos lo transmitió a nosotros”.

Además, como ya se señalara en los otros testimonios, Vegara ha recordado que él en ese momento no solía frecuentar las oficinas de ITV Vega Baja, puesto que trabajaba desde 2003 en otra empresa del grupo situada en Murcia: “En 2004 y 2005 no estaba físicamente en el entorno de Estación ITV Vega Baja. Trabajaba a 30 kilómetros de esa sede por lo que no era factible que yo gestionara nada allí“.

La próxima y última vista será el jueves 16 de julio, momento en el que los abogados de los acusados, el abogado del Estado y el fiscal hagan sus alegatos finales para presentar ante la jueza los argumentos que consideran más válidos para sus defendidos. “No sé cuál será la valoración de la jueza ni cuál será la sentencia. Yo espero que la justicia haga su trabajo y ponga las cosas en su sitio y, sobre todo, que esta pesadilla se acabe de una vez por todas veinte años después”, ha expresado Pepe Vegara a los medios a la salida.

 

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