130 días es el tiempo que llevan esperando los vecinos del barrio del Rabaloche de Orihuela para que se produzca la retirada de un bidón de uralita de sus calles. Este depósito, de 300 litros de capacidad, apareció hace más de cuatro meses en la calle Maestro Esteban, un callejón peatonal ubicado entre la calle Hospital y la calle Francisco Die.
Los residentes de la zona advierten que han reportado numerosas quejas al Ayuntamiento pidiendo su retirada ante la preocupación por el alto grado de toxicidad que contienen estos depósitos compuestos con fibras de amianto. A día de hoy, no sólo no se ha procedido a su recogida sino que se han detectado otros tres bidones más de las mismas características en la ciudad. Uno de ellos, roto, en la calle Dátil, paralela a la ubicación del primer depósito; un tercero junto a la Ermita del Santo Sepulcro; y el último de ellos en la vereda Buenavida.
Aunque tanto los vecinos como las autoridades competentes desconocen de dónde provienen estos depósitos sí que se sospecha de varias localizaciones adyacentes en las cuales se están realizando obras en los últimos meses. Por el momento, desde la Policía Local no se aportan datos acerca de si hay una investigación en curso sobre los propietarios de estos bidones. Asimismo, desde el Ayuntamiento indican que son conscientes de la existencia de éstos y que llevan meses trabajando en cómo proceder a su retirada.
Riesgos para la salud y el medio ambiente
Los depósitos de uralita, también conocidos como bidones de fibrocemento, fueron ampliamente utilizados en el siglo XX para almacenar agua, debido a su bajo coste y resistencia. Estos depósitos contienen fibras de amianto en su composición, un material que hoy está prohibido por su peligrosidad para la salud.
El amianto puede provocar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón cuando se liberan sus fibras al aire y son inhaladas. Aunque su fabricación y comercialización están prohibidas en España desde 2002, aún persisten muchas instalaciones antiguas que contienen este material, como depósitos de agua en azoteas, cuartos de calderas o viviendas unifamiliares.
Cuando el material se encuentra en mal estado —con grietas, polvo suelto o manchas— el riesgo de exposición se multiplica. Además, su abandono ilegal en entornos naturales supone un grave impacto medioambiental, ya que puede contaminar el aire, el suelo y el agua.
¿Cómo debe retirarse?
La legislación vigente exige que la retirada sea llevada a cabo exclusivamente por empresas inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto). Estas empresas deben:
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Elaborar un Plan de Amianto aprobado por la comunidad autónoma.
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Usar equipos de protección personal adecuados.
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Encapsular y etiquetar correctamente el depósito.
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Transportarlo a un vertedero autorizado para residuos con amianto.
Un coste de 6.000 euros y una empresa especializada
En este sentido, desde la concejalía de RSU y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Orihuela señalan que tienen constancia de la existencia de la aparición de estos bidones en las calles de Orihuela y que están estudiando desde hace meses cómo realizar su retirada. Este proceso, explican, no es sencillo puesto que depende de gestores externos formados en la recogida de residuos especiales.
Desde la concejalía de RSU indican que habrían solicitado un presupuesto con un coste que rondaría los 6.000 euros para afrontar el estudio del estado de los bidones, pedir permiso para su recogida y el traslado del mismo a una planta especializada.
Además, desde el área de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria llaman a la población a mantener una actitud cívica a la hora de detectar y retirar este tipo de depósitos de sus viviendas. De igual modo, piden colaboración ciudadana para que se denuncien este tipo de situaciones ante la Policía Local, con el objetivo de que las autoridades puedan realizar las actuaciones pertinentes en cada caso, según la Ordenanza de Convivencia.
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana
El pasado junio el Consistorio aprobó la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, un texto en el que se llevaba trabajando desde 2022 cuando entonces gobernaban PSOE y Ciudadanos. Este proyecto, que entró finalmente en vigor durante el último trimestre del año, llegaba a la ciudad con la intención de señalar y perseguir las conductas incívicas en el espacio público.
Mediante multas que pueden abarcar de 100 euros hasta 45.000 euros, el Gobierno de PP y Vox proponía este texto como una herramienta para que los agentes de la Policía Local fueran los encargados de sancionar aquellas conductas y actitudes para que los ciudadanos se adecúen a los estándares mínimos de convivencia.
Por el momento, se desconoce la identidad de las personas que han ubicado los depósitos de fibrocemento en estas calles, por lo que las autoridades piden a los vecinos que sean un agente colaborador que denuncie esta y otras situaciones similares para establecer las sanciones que correspondan a los responsables de estos actos.
