Los testigos discrepan sobre las funciones que ejercían Vegara y sus socios en el Consejo de ITV Vega Baja
La segunda jornada del juicio abre la puerta a las declaraciones de trabajadores y extrabajadores de la mercantil y modifica la fecha del tercer señalamiento
Este viernes 29 de mayo se ha retomado el juicio contra el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y otros componentes del la empresa Estación ITV Vega Baja a razón de un supuesto delito continuado de fraude fiscal. Esta segunda jornada, se ha reanudado en el punto en el que quedo la anterior, comenzando con la respuesta del Ministerio Fiscal y el abogado del Estado a las alegaciones presentadas por los abogados que representan a los cinco acusados.
En estas primeras intervenciones, que han ocupado una duración aproximada de dos horas, la acusación ha desglosado de manera pormenorizada los motivos por los que no consideraban pertinente la admisión de las alegaciones de los letrados, una postura que ha manifestado también la jueza, despertando varias protestas de la defensa.
Sin aclaración de responsabilidades
Tras esta introducción, se ha procedido a llamar a los testigos presenciales. En primer lugar, ha intervenido Estefanía P. Z., hermana de dos de los encausados —Ricardo P. Z. y Manuel Ramón P. Z.—, quien lleva trabajando en Estación ITV Vega Baja desde 1995. En varias preguntas, se le ha interrogado acerca de la compra de las famosas 100.000 agendas publicitarias que la empresa adquirió a través de una presunta estrategia de compraventa encubierta a la mercantil Orikoffee SL.
Es la transacción comercial de este material de oficina la que puso sobre aviso a Hacienda, al detectar una serie de facturas adulteradas que, tal y como reflejaba la Fiscalía en su informe, se realizaron “siendo totalmente conscientes los acusados de la irrealidad y mendacidad del precio convenido“.
A este respecto, la testigo ha declarado que no intervenía en papeles de socia ni tenía conocimiento de la contabilidad en el año 2005, fecha en la que se produce esta compra. Asimismo, ha afirmado que desconocía que se hubiera realizado esta adquisición y que se enteró de ella y de su probable irregularidad a raíz de una inspección de Hacienda que requirió todas las facturas y documentos contables pertinentes para comenzar la investigación.
Es en 2007 cuando Estefanía P. Z. se incorpora al puesto de directora financiera y descubre, tal y como ha señalado en su turno, que de los años 2000 al 2005 la auditoría refleja en sus informes que “no se emite opinión”. Durante estos cinco años, ha especificado la testigo, el informe auditor estuvo notificando que la circularización no se realizaba correctamente y que, por tanto, no podía contrastar los saldos de la ITV Vega Baja.
En cuanto a la responsabilidad que ostentaban los tres miembros que pertenecían al Consejo de Administración en ese momento —Pepe Vegara, Ricardo P. Z y María del Carmen C. B.—, Estefanía P. Z. ha sostenido que ninguno de los tres tenía poder de gestión y dirección sobre la empresa. Así, ha perfilado a María del Carmen Cutillas Ballesta como mera recepcionista, a Ricardo P. Z. como ingeniero con trabajo externo a ITV Vega Baja y a Pepe Vegara como una persona que no sólo no trabajaba en la empresa en 2005, sino que “pasaba largas temporadas sin aparecer por allí”.
En este sentido, la testigo ha manifestado que ninguno de los integrantes del Consejo de Administración eran los encargados de tomar las decisiones con respecto a los contratos publicitarios y ha adjudicado a su padre, Ramón P. C., este papel dentro de la empresa, el cual, estaría apoyado, tal y ha explicado, por el abogado de la mercantil.
Gestiones “en pro del ahorro”
Tras ella, ha sido el turno de su predecesor en el cargo como director financiero: Carlos T. En su intervención, el testigo ha encajado bastantes puntos en común con la anterior declarante, aunque ha discrepado ampliamente en la afirmación de que los administradores mancomunados del Consejo no eran conocedores ni ejecutores de las tomas de decisión.
De este modo, ha reflejado incluso cómo se producían debates y discusiones acerca de los pasos que se debían da en la empresa, trasladando a la sala que, bajo su punto de vista como persona a la que a menudo se le solicitaba su criterio profesional, ni Ramón P. C. ni el abogado de la empresa tenían la última palabra en la dirección, sino que ésta era una tarea exclusiva del Consejo de Administración.
En alusión a la compra de las agendas, ambos testigos han coincidido en que la compra de material publicitario era algo habitual, como “mecanismo para atraer a la clientela a ITV Vega Baja”. Con todo, han referenciado otros elementos de merchandising y promociones similares que habría regalado la empresa en otros ejercicios, como sombrillas para la playa, chalecos reflectantes o incluso noches de hotel.
En todas estas ocasiones, han expresado los declarantes, la cantidad del material requerido (en torno a 100.000 en el caso de las agendas) era similar. Algo que no han podido corroborar en el caso del montante entregado por dichos productos, ya que, por un lado, Estefanía P. Z. ha alegado no tener constancia y, por otro, Carlos T., no recordarlo. Este último, además, aclaraba que la empresa siempre pedía distintos presupuestos en varias empresas y al final se quedaban con el que mejor resultara en relación calidad-precio “en pro del ahorro“.
Cabe recordar, que uno de los motivos señalados en esta investigación es la cantidad declarada por agenda. Siendo, tal y como recoge el informe de la Fiscalía, de 1,31 euros el valor real frente a los 17 euros por unidad que figuraba en las facturas emitidas.
Cambio de fecha
Al término de estas dos declaraciones, la acusación ha llamado a la sala a dos testigos relacionados con la empresa intermediaria de esta transacción, Agarka Sport. Sin embargo, tras encontrar incongruencias y un relato inconexo en la primera de las intervenciones, la acusación ha decidido retirar la participación de estos dos testigos.
La sesión ha finalizado próxima al mediodía con una novedad: el cambio de fecha del tercer señalamiento. Éste, que estaba previsto para el próximo viernes 5 de junio, ha sido trasladado por acuerdo unánime al 12 de junio, tras la imposibilidad de declarar el inspector de Hacienda requerido por el Estado en la primera fecha fijada. Asimismo, se ha decidido ampliar los señalamientos hasta un cuarto día (2 de julio), por si fuera necesario repartir la última sesión en dos jornadas.
Será ya encarando la parte final del juicio cuando los acusados tendrán la oportunidad de declarar y defenderse. “Cada vez estamos más cerca del final y sigo con la misma tranquilidad que siempre. Espero que la Justicia haga su trabajo y que por fin se aclare y se termine esta pesadilla“, ha trasladado el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, a los medios de comunicación tras esta segunda sesión.
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