La jornada organizada por Hándicaps Albatera y la concejalía de Servicios Sociales evidenció que, pese a los avances legales, la realidad sigue muy alejada de las necesidades de las familias. La reciente ponencia de la jueza Virginia Miranzo Gambín en Albatera sirvió no sólo para explicar los fundamentos de la Ley 8/2021, que transforma el modelo legal de las personas con discapacidad, sino también para visibilizar los obstáculos reales a los que se enfrentan sus familias, especialmente en su relación con la administración y las entidades bancarias.
La magistrada de Elche aborda la Ley 8/2021 en una ponencia que pone el foco en los derechos, la inclusión y los problemas reales que enfrentan las familias en su día a día. La magistrada Virginia Miranzo Gambín, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elche, ofreció una ponencia informativa el pasado 27 de marzo en Albatera sobre la Ley 8/2021, que ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento legal de las personas con discapacidad.
“Las personas con discapacidad no están desprotegidas, necesitan apoyos, no tutelas”
“Esta Ley fue creada para ello, pero las mismas administraciones te piden que aportes para determinados trámites documentación de una ley que no existe desde 2020, las entidades bancarias bloquean las cuentas de tu hija, el notario te dice que eso que le pides no se puede hacer, que te vayas al juzgado; que te cobren un dineral por un documento que te han pedido, que no era necesario o que te digan que no saben como solucionarlo, y te digan “tu hijo no puede firmar, pero si le coges la mano, firma y ya está”, o que otra administración te pida un gran número de documentación, incluido un certificado del Registro Civil que “dijera que mi hija no tenía patria potestad, cuando ni siquiera existe esa figura en este contexto”, son situaciones reales que padres y madres con hijos con discapacidad, han tenido que sufrir al cumplir sus hijos 18 años.
Todas estas situaciones se derivan de la falta de interés de las entidades bancarias y administraciones, a leerse la ley que está en vigor, y aplicarla y además, existe un protocolo firmado entre la Fiscalía General del Estado y las entidades bancarias, que reconoce la validez de la guarda de hecho y enumera claramente los documentos que deben aceptarse como prueba.
Una madre relata en Albatera, el calvario para poder gestionar la cuenta bancaria de su hija pese a estar reconocida como guardadora de hecho: “Me lo imprimí, lo subrayé y se lo llevé a la ventanilla”. Este protocolo, que debería estar en conocimiento del personal bancario, ha sido necesario que se entregara en las oficinas bancarias, para poder conseguir que se cumpla la ley. “Se lo llevé subrayado a la empleada del banco, porque no sabían ni que existía”, contó una madre. Su perseverancia tuvo efecto: tras consultar con el departamento jurídico, el banco acabó aceptando su condición de guardadora de hecho.
La jueza Virginia Miranzo valoró públicamente su testimonio: “Gracias a lo que tú has hecho, probablemente la próxima familia que vaya a ese banco no tendrá que pasar por lo mismo. Pero es inaceptable que la carga siga recayendo sobre quienes ya están cuidando de una persona vulnerable”.
“No nos están haciendo un favor: están obligados a cumplir la ley”
Miranzo fue tajante: “Los bancos y las administraciones públicas no están haciendo un favor al aceptar a un guardador de hecho. Están cumpliendo la ley. No pueden actuar como si esto fuera una excepción, ni exigir requisitos que la legislación no contempla”.
Una ley garantista, pero un camino aún lleno de barreras. Pese a los avances normativos que ha supuesto la Ley 8/2021, tanto la jueza como las familias coinciden en que la realidad sigue siendo muy distinta a la teoría. La falta de formación del personal que la ha de aplicar, la rigidez administrativa y la desinformación generan una situación injusta y agotadora para quienes solo intentan dar apoyo legal, económico y emocional a sus familiares
