Los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de Levante, Murcia y Andalucía, junto al Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Agrícolas, el Consejo Valenciano de Ingenieros Agrícolas y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de la Región de Murcia, han manifestado su preocupación ante la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Según denuncian, la nueva normativa supondría una reducción significativa del caudal trasvasable, lo que podría poner en riesgo uno de los principales motores económicos de la zona: la agricultura de regadío del sureste español.
Riesgos para la economía, el medio ambiente y el abastecimiento
Desde una perspectiva técnica, los profesionales del sector agroalimentario alertan de las consecuencias negativas que podrían derivarse de este cambio en la gestión del agua:
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Pérdida de empleo directo e indirecto en el sector agrario e industrial.
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Disminución en la producción de frutas y hortalizas, afectando al mercado nacional e internacional.
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Mayor presión sobre los acuíferos locales y avance de la desertificación.
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Incremento en el precio de los alimentos y posibles riesgos de abastecimiento.
El sureste peninsular —que incluye la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Andalucía oriental— es conocido como la “Huerta de Europa”, y depende en gran medida del agua trasvasada desde la cuenca del Tajo para mantener su producción y sostenibilidad.
Diálogo técnico y cooperación entre administraciones
Los colegios profesionales se alinean con las reivindicaciones del sector agrícola, cooperativas y comunidades de regantes, y respaldan el posicionamiento de entidades como el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que abogan por una gestión hídrica equilibrada, eficiente y justa.
Desde su compromiso con el desarrollo rural y la sostenibilidad, los ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas piden que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos y científicos, promoviendo un diálogo institucional riguroso y con la participación de todas las administraciones implicadas.
También exigen inversiones en infraestructuras hídricas que aumenten la eficiencia, resiliencia y equidad en el uso del agua, fundamentales para garantizar el futuro del regadío y la seguridad alimentaria.
“Nuestro compromiso es firme: apoyar el desarrollo del regadío, la sostenibilidad territorial, la seguridad alimentaria y el futuro de nuestros jóvenes profesionales”, subrayan los colegios firmantes.
