Dos eran las principales reivindicaciones en torno a la Atención Temprana en Orihuela. La primera, garantizar una gestión pública del servicio. No por fetiche o capricho, sino porque, tal como ha vuelto a demostrar la crisis, allí donde impera la lógica del mercado y el beneficio privado, acaba por desvanecerse la lógica de los cuidados y derechos sociales. Pero, de nada sirve la gestión pública si la Administración responsable es desleal al bien común. Por ello, hace falta una gestión pública, pero también un Ayuntamiento comprometido con los valores democráticos, que conciba la Atención Temprana como un derecho, no como una mercancía.
La segunda demanda era la continuidad de las trabajadoras. Trabajadoras que, en algunos casos, no sólo llevaban años en el Centro de Atención Temprana de Orihuela, sino que lo habían levantado (técnicamente hablando) ellas mismas, llegando a convertirlo en un referente. Por ello, dada la calidad del servicio, la satisfacción de las familias, y dada también la importancia de la relación terapeuta-usuario en la Atención Temprana, resultaba razonable intentar garantizar la continuidad de la plantilla en caso de rescate. Pero hay, además, otro motivo: el derecho de cualquier persona a defender su puesto de trabajo (o a exigir una alternativa laboral en caso de no poder continuar en él). Al fin y al cabo, el “problema” del Centro de Atención Temprana es una situación de irregularidad jurídica de la que no tienen culpa ni la asociación de madres y padres que lo gestiona ni las propias trabajadoras. Resulta pues razonable que esas mismas trabajadoras, que no son culpables del problema, tampoco quisieran ser víctimas colaterales de la “solución”.
Ciertamente, algunos condicionantes jurídicos hacían que estas dos demandas no fueran fácilmente conciliables. Aunque desde luego no era imposible. El verdadero problema es que al Gobierno de Orihuela ambas reivindicaciones se la traen al pairo. La hemeroteca, repleta de discursos endiabladamente ambiguos del alcalde, la cultura privatizadora del PP o los sectores empresariales que rodean al gobierno local son buena prueba de ello. En mi opinión, el plan inicial del alcalde era privatizar la Atención Temprana, convirtiéndola, en el mejor de los casos, en un “acto de caridad” en manos de alguna ONG-empresa. Sin embargo, fue la presión de la sociedad civil la que, afortunadamente, lo impidió.
Llegados a ese punto, el gobierno local debería haber acatado el mandato de la sociedad civil, abriendo un espacio de diálogo desde el que buscar la vía más satisfactoria para cumplir ambos objetivos:gestión pública y derechos laborales. Lejos de ello, eligió una vía unilateral plagada de dudas desde el primer minuto. Optó por un “rescate” del servicio a través de una empresa pública municipal, destruyendo la antigüedad salarial de la plantilla y generando numerosas dudas sobre la contratación del personal. Para ello, optó por un proceso selectivo (examen y méritos) cuyas bases fueron impugnadas por Colegios Profesionales; se anunció el examen con apenas dos semanas de antelación y, ojo, cambiando la hora de la prueba 48 horas antes de la misma en un anuncio apenas publicitado. El problema de esa actitud chapucera no es sólo la vergonzante imagen institucional del Ayuntamiento, sino las graves injusticias que genera. Es injusto con las trabajadoras, pero también con la asociación de madres y padres que gestionaba el servicio y se ve forzada a despedirlas sin que el Ayuntamiento se dignase a explorar vías alternativas para evitarlo (algunos optábamos por intentar mantener al personal subrogándolo y, si era necesario, hacer un proceso selectivo bien planificado en el futuro). Pero, además, es un proceso injusto con los aspirantes, la comisión evaluadora y las personas seleccionadas. Una vez que se opta por un proceso selectivo hay que hacerlo bien. Pero, actuando, como lo ha hecho, el Gobierno de Orihuela ha puesto todo el proceso bajo sospecha, trasladando así una presión injusta a sus participantes. Algo que, de rebote, puede afectar al servicio en el futuro. Pongo un ejemplo: imaginen que una de las personas seleccionadas tiene el carné del PP. Con un proceso limpio, nadie dudaría de que, además de ser del PP, ha estudiado para conseguir la plaza. Con este proceso, cualquier aspirante o persona seleccionada tiene que soportar la sombra de la duda de forma, seguramente, inmerecida.
Por eso, con estas líneas quiero proponer que, en lugar de “dividirnos por abajo”, mejor “disparemos hacia arriba”. Es decir, el gobierno pretende dividir poniendo la presión sobre las divergencias puntuales que inevitablemente surjan entre diferentes grupos igualmente interesados en proteger la Atención Temprana: familias usuarias (presentes y futuras); trabajadoras; profesionales del ramo en paro; sociedad civil…etc. Sin embargo, el foco, y la exigencia de responsabilidades debe ponerse sobre los dirigentes locales. Cierto es que el actual gobierno heredó una situación difícil, pero no es menos cierto que ese mismo gobierno decidió unilateralmente cómo afrontarla, complicando más algunas cuestiones. Por ello, pase lo que pase el 1 de septiembre, creo que se debe seguir fortaleciendo un espacio de unidad desde el que reivindicar el blindaje público de la Atención Temprana, la mejora de las condiciones laborales de su plantilla o la posibilidad de generar más empleos ligados a los cuidados y el desarrollo humano (ampliando, por ejemplo, la edad de prestación del servicio). Una unidad que siga haciendo de la Atención Temprana un orgullo político para Orihuela.
Karlos Bernabé
Concejal de Cambiemos Orihuela
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