Se les reconoce por sus camisetas verdes con el dibujo y siglas de ‘stop desahucios’, se les oye gritar ‘¡Sí se puede!’ y frases como ‘¿Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa?’, van en grupo y se muestran orgullosos de ser «una familia».
Son los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Orihuela, incansables en su lucha por cambiar la Ley Hipotecaria, «porque es una ley muy excluyente que está dejando en la calle a muchas familias».
Juan Pedro Gea es el actual portavoz del colectivo oriolano formado por casi 300 personas «entre afectados y activistas», como admite minutos antes de protagonizar una nueva acción social a las puertas de una entidad bancaria.
«La PAH está defendiendo actualmente unos 150 casos en esta ciudad, más aquellos que no acuden a nosotros por vergüenza y prefiere irse de su casa y entregar las llaves en silencio antes de buscar nuestra ayuda», según explica una de las caras visibles del colectivo, «aunque cualquiera de nosotros puede serlo porque la PAH somos todos», asegura Gea.
El mensaje que lanzan a todos aquellos que se ven inmersos por un problema de hipoteca es «que no están solos, que miren todos los que somos y que nos busquen».
Empapelan y cierran tres sucursales de una entidad bancarias
Las pegatinas contra los desahucios de la PAH volvieron a verse este lunes en la fachada de las tres sucursales de una conocida entidad bancaria, con oficinas en calle Fernando de Loazes, Avenida de España y Avenida Teodomiro de Orihuela, contra las que cargaron su protesta casi un centenar de miembros y simpatizantes de diferentes PAHs, llegados desde Alicante, Elche, Santa Pola, Altea, Callosa de Segura y Torrevieja.
Las tres acciones se iniciaron pasadas las once de la mañana y finalizaron después de las 13 horas consiguiendo el cierre al público de las tres oficinas bancarias.
Se trataba de apoyar una acción que se llevó a cabo de forma simultánea en Valencia y Murcia contra una entidad bancaria en concreto, «a la que exigimos una negociación abierta para dar solución a numerosos casos. Pedimos la condonación de la deuda y que dejen de enviar órdenes de alzamiento», tal como explica Juan Pedro Gea, quien detalla el último caso de esa entidad, «que se niega a negociar un alquiler social con una familia con hijos menores que está en una situación social crítica. Se realojó en una vivienda del banco y en lugar de tratar de llegar a un acuerdo con esta familia, fueron denunciados por usurpación».
Otro de tantos casos dramáticos es el de un joven que lleva más de dos años enfrentándose legalmente a esta entidad. porque se le niega la dación en pago. Tal como relatan desde la PAH, «el chico está ganando 600 euros al mes y no puede permitirse tener su vivienda. Sus padres fueron sus avalistas y tan solo tienen su casa y una pequeña pensión que no permite ayudar más a su hijo. Pues han sido amenazados incluso ellos con ser desahuciados».
Son ejemplos de duras situaciones de familias que sólo reclaman su derecho a una vivienda en régimen de alquiler social y observan cómo las entidades bancarias se agarran a los avalistas para ejecutar esos desahucios, práctica que en la PAH califican de «inhumana».
Cada caso es diferente
Juan Pedro Gea asegura que en la plataforma se estudian las necesidades de cada afectado, «y se le da apoyo para que nuestros interlocutores negocien caso a caso de forma individual, y si tenemos claro lo que necesita, no paramos hasta conseguirlo, porque la fuerza de la calle es muy grande y luchamos por lo que creemos justo».
Pendientes del Ayuntamiento
La plataforma espera reunirse, «en breve», con responsables del departamento de Bienestar Social, para cerrar un acuerdo que permita negociar un fondo social de vivienda entre Ayuntamiento, bancos y la PAH. Mientras tanto, el colectivo sigue reivindicando el objetivo para el que fue creado: cambiar la Ley Hipotecaria. «Será entonces cuando no seremos necesarios y la plataforma desaparecerá, porque habremos conseguido lo imprescindible para que estas personas no estén desamparadas y puedan conseguir un techo y una vivienda con dignidad», concluye su portavoz.
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